En campaña, la pregunta que muchas personas me hacen con tinte de reclamo es recurrente: ¿para qué hacer más leyes, si con que se cumplan las que existen, tendríamos suficiente?
Una exigencia justa en un país donde la gran mayoría de la población aún no ve satisfechos sus derechos más básicos, como el acceso a la salud, a la educación o a la justicia cuando es víctima de la inseguridad.
Un reclamo más vigente que nunca, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, emite un memorándum, a todas luces ilegal, pidiendo a secretarios de su gabinete desobedecer el mandato constitucional y las leyes secundarias en materia educativa.
Cabe señalar que su propuesta fue votada favorablemente en comisiones luego de ser enriquecida y mejorada por legisladores de oposición que presentamos iniciativas y participamos de un diálogo plural y constructivo. Sin embargo, está detenida en la Cámara de Diputados, no por las protestas del pueblo (padres y madres de familia o estudiantes), sino por las manifestaciones de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Para cualquier madre o padre, la herencia más valiosa y quizás la única que dejaremos a nuestros hijos, es su educación. Un derecho que sintetiza nuestra aspiración de que sean adultos libres, responsables e independientes, con un trabajo digno y bien remunerado.
El gobierno federal debe entender que ignorar el artículo 3º constitucional vigente, dejaría también de lado la obligación que desde el año 2011 incluye nuestra Carta Magna en su artículo 4º:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
En palabras del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl Pérez González, “toda conducta de autoridad que se aparta de la ley e incide en la vigencia de un derecho humano es un abuso de poder”.
Y no se trata solo de la “mal llamada reforma educativa”, sino de una serie de acciones contrarias a la ley y carentes de alternativas de solución por parte de su administración, por cierto, la mayoría de ellas dirigidas a la niñez, como la desaparición de las estancias infantiles o la reducción de escuelas de tiempo completo. ¿Será que privilegian con programas sociales, solo a los grupos de población en edad de votar?
Las niñas, niños y adolescentes están en proceso de formación y desarrollo y requieren no solo de sus familiares, sino del Estado para garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual. Así lo dicta el sentido común, pero sobre todo las leyes; hacerlas valer, también sirve para protegernos de los abusos de la autoridad.
Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada Federal del Estado de México.
