Una nueva inconformidad se suma a las muchas que ha tenido el empresariado del país con medidas que está tomando el gobierno federal y que impactan, desde el punto de vista de este sector, de manera negativa en los negocios y las inversiones.
La relación del presidente López Obrador con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Carlos Salazar Lomelí, ha tenido altas y bajas en estos tres años de gobierno; más bajas que altas, diríamos.
La última se dio este martes, cuando a través de un comunicado, el CCE expresó “su profunda preocupación” por las consecuencias que tendrá la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, la cual se publicó el mes pasado en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa privada solicita que se reconsidere esta decisión de la autoridad federal.
El documento establece, explicó el organismo cúpula, que “la autorización para el despacho en Lugar Distinto al Autorizado (LDA), de las mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos precursores químicos”, sólo corresponderá a las empresas productivas del Estado.
De acuerdo con estimaciones del Consejo, la afectación potencial a mediano plazo “sería de 25 por ciento hasta 48 por ciento de las importaciones de petrolíferos. Se pondría en riesgo la seguridad energética de México y el abasto de combustibles”.
El comunicado argumenta que estos cambios administrativos “vulneran diversos principios constitucionales y de tratados internacionales sobre la libertad de trabajo, competencia económica, libre comercio y trato no discriminatorio”.
Con estas modificaciones a las reglas de comercio exterior “México corre el riesgo de no contar con mercancías indispensables para el sector industrial y para los hogares mexicanos. La falta de suministro de productos como gasolina o materiales para procesos industriales podrían frenar la recuperación económica del país, con sus correspondientes efectos inflacionarios”, advirtió el organismo que encabeza Salazar Lomelí.
Hasta ahora, el despacho de mercancías desde un lugar distinto al autorizado, ha sido utilizado por entes tanto públicos como privados para exportar e importar mercancías que por sus características requieren instalaciones muy específicas.
No obstante, con esta medida del gobierno federal, estos sitios sólo podrán ser usados por las empresas productivas del Estado, con lo cual, considera el CEE, “se desplaza artificialmente a competidores del sector privado en áreas estratégicas como el suministro de energéticos, la industria química y petroquímica y a la minería nacional”.
Concluye que cambiar leyes y reglamentos, como pretexto para poder combatir hechos delictivos “es un procedimiento innecesario que impide la sana competencia y afecta a todos quienes invirtieron de buena fe en nuestro país”.
En el caso de la restricción de los LDA sólo para las empresas productivas del Estado (léase Pemex y CFE), como en el de otras muchas decisiones del gobierno federal que han sido muy cuestionadas, tal es el caso de la desaparición de los fideicomisos, el argumento es el combate a la corrupción.
El argumento del organismo cúpula, es algo que parece no ha sido muy sencillo para la actual administración: aplicar el marco normativo vigente para combatir la ilegalidad en la entrada y salida de mercancías.
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