Tras aproximadamente más de cuatro meses de discusiones se ponen de acuerdo IP y gobierno
Innegable, el desorden existente en este tema
El acuerdo al que llegaron esta semana el gobierno federal y el sector empresarial de México respecto a la iniciativa de ley en materia de subcontratación es un ejemplo de lo que con diálogo y negociación (no con imposición), se puede lograr entre ambas partes.
Por todos son conocidos los desencuentros entre presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado del país; sin embargo, el pasado lunes, ambas partes, así como el gremio laboral llegaron finalmente a un acuerdo sobre la iniciativa, que había sido muy cuestionada y que incluso ocasionó opiniones divididas en la iniciativa privada.
De esta forma, se permite la figura de subcontratación de servicios u obras especializadas y los servicios compartidos entre empresas.
En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial recordó que en noviembre del año pasado el presidente López Obrador presentó una iniciativa para regular la subcontratación y erradicar sus abusos, mientras que en diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartito para que, a partir de ahí, se discutiera con los sectores involucrados la iniciativa.
Sin embargo, tras la suscripción del acuerdo tripartito, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron la propuesta firmada en Palacio Nacional.
Consideraron que la iniciativa coartaba la libertad de la subcontratación, además atentaba contra la creación y preservación de empleos formales; así mismo dañaría la competitividad del país y causaría del cierre de miles de miles de micro, pequeñas y medianas empresas”.
Esta semana, después de más de cuatro meses de diálogo, mediante mesas de trabajo, aseguró el CCE, “se logró atender las preocupaciones de los sectores en cuanto a la subcontratación y al pago del reparto de utilidades”
“En la reunión, los sectores privado, laboral y de gobierno acordaron adecuaciones a la iniciativa de reforma en materia de subcontratación las cuales comprenden: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante”.
De igual manera, el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados se incorporen a las empresas.
Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el reparto de utilidades para evitar principalmente posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo de esta prestación, que será con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, añadió la agrupación empresarial.
Es claro el desorden que existe en el país en cuanto a la también llamada terciarización y ejemplo de ello es como lo declaró a la prensa en su oportunidad el presidente de la Asociación Nacional para la Promoción, Atención y Defensa de los Usuarios de la Seguridad Social, (Anpadeuss), Jorge Díaz Galindo Hurtado, existen unas mil 200 empresas que tienen una subcontratación ilegal, las cuales concentran a más de 862 mil trabajadores.
Este personal obviamente carece de las prestaciones sociales elementales.
Con el acuerdo entre el Ejecutivo y el sector privado del país, terminan aproximadamente cuatro meses de “estira y afloja” entre ambas partes y sólo se espera que la iniciativa se envíe en breve a la Cámara de Diputados federal.
Facebook: María Cristina Valenzuela Cosío
Correo electrónico: cristina9valenzuela@gmail.com
