Seguridad jurídica en las elecciones
“Uno de los principios fundamentales de nuestro Sistema Jurídico y además uno de los principales fines del derecho es la Seguridad Jurídica; pues ella produce certeza confianza en el ciudadano sobre lo que es derecho y orden jurídico, la Seguridad Jurídica establece ese clima cívico fundada en pautas razonables de previsibilidad, supone el conocimiento de normas vigentes, pero también una estabilidad de los ordenamientos jurídicos, incluso la Seguridad Jurídica puede entenderse desde dos puntos de vista, uno objetivo y otro subjetivo; en el subjetivo la seguridad equivale a la certeza moral que tiene el ciudadano de que sus actos serán respetados; desde el punto de vista objetivo la seguridad equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está asegurado por la coacción pública”.
Esta reflexión me permito hacerla por lo sucedido en el estado de Baja California, donde aún es gobernado por Francisco Kiko “Vega”; el Congreso Local en su mayoría panista decidió aprobar después de la elección del pasado 2 junio, en la que resultó electo el candidato de Morena, Jaime Bonilla Valdez, aquí vale la pena mencionar que los bajacalifornianos votaron por un gobernador que los gobernaría únicamente 2 años, sin embargo el Congreso aprobó el pasado lunes 8 julio alargar el mismo periodo a 5 años, esta disposición va en contra de la voluntad popular, además es inconstitucional porque la constitución de Baja California así lo establecía en la Reforma de 2014 para empatar la elección de gobernador con las elecciones federales de 2021.
No se puede entender ahora cómo el Congreso y el gobernador panistas van directamente en contra de la dirigencia nacional de su partido, incluso el vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, ha expresado: “Proceder a la expulsión de los diputados locales que se dejaron corromper por Morena”; y siguió diciendo: “La democracia corre graves peligros porque el presidente de la República quiere convertir a su partido Morena en un partido hegemónico y único”. Más aún el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó a Andrés Manuel López Obrador como impulsor de la Reforma aprobada por el Congreso Local de ampliar el periodo de gobierno de Baja California y esto tiene un antecedente que es la idea que ha dejado ver AMLO que pretende reelegirse y con ello eternizarse en la presidencia de la República.
Así muchos políticos y juristas mexicanos han expresado su valioso punto de vista sobre este atentado contra el Derecho y la Seguridad Jurídica de los bajacalifornianos; como el líder moral de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano expresó que “Bonilla Valdez debe declinar públicamente a la posibilidad de ampliar su mandato, pues esto ofende la inteligencia de todo mexicano, que de concretarse sería un precedente grave para que cualquier Legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia del mandato constitucional de cualquier servidor electo, pues se lesiona la constitucionalidad rompiendo el orden republicano”.
En tal sentido se producirá una acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto tiene que darse antes del próximo 1º de noviembre que es la fecha en que el gobernador Bonilla Valdez electo para dos años debe tomar posesión de su cargo.
Vale la pena destacar que los diputados de Baja California, sólo con excepción del diputado Miguel Ozuna Millán, fueron comprados y corrompidos por el poder económico tanto del PAN, PT, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y obviamente Morena, con esta decisión pretenden obsequiarle al PAN tres años más de gobierno realizando una maniobra perversa y atentatoria a la ciudadanía.
