/ martes 14 de enero de 2020

Competencia y eficiencia

Las decisiones de la “cuarta transformación” pueden ser populares, pero están lejos de ser eficaces, como la determinación de cambiar la ley para autorizar una plaza docente de forma preferente por el simple hecho de ser egresado de una escuela normal.

La iniciativa, materializada en el Congreso por Morena y sus aliados, se acompaña en el discurso de la reforma constitucional que se propuso fortalecer a las Escuelas Normales, propósito que en los hechos, dista mucho de ser una realidad.

En tiempos de crecimiento económico “cero” y cuando en 2019 datos del propio IMSS registran 48.24% menos empleos que los creados el año antepasado, la expectativa de estudiar para tener un empleo seguro, hizo crecer la matrícula de las Escuelas Normales.

Solo en el Estado de México, la matrícula para este ciclo escolar superó los 9 mil alumnos, cuando el año pasado no llegó a los 7 mil y en 2018 apenas rebasó los 5 mil.

Una vez más, el discurso del gobierno federal no concuerda con sus omisiones. Los gastos de operación de las escuelas normales se cubren con recursos autogenerados, es decir, por las cuotas de inscripción o la expedición de constancias, al igual que una buena parte del equipamiento y, si hemos de ser sinceros, las construcciones más recientes en seis instituciones mexiquenses se hicieron gracias a recursos del Programa Escuelas al Cien (implementado el sexenio pasado) y en dos planteles más, gracias a la gestión del gobierno estatal ante las Fundaciones BBVA y CARSO.

En la entidad más poblada del país, donde existen 43 Escuelas Normales, (36 estatales y cuatro federales), la nómina de las primeras es pagada en su totalidad por el gobierno del estado y solo existe un programa federal que les otorga recursos financieros: apenas 20.5 millones de pesos para el ciclo escolar 2018-2019, unos 570 mil pesos para cada plantel.

El principio es básico: la competencia provoca eficiencia y la realidad global y de profunda desigualdad social en las que vivimos, exigen acciones que trasciendan el sexenio y brinden oportunidades de calidad a nuestras maestras y maestros para que en la misma medida aporten a los estudiantes.

Basta visitar nuestras Escuelas Normales para constatar sus muchas carencias pese al interés y el conocimiento que su misma comunidad tiene por adecuarse a las exigencias de la realidad. Sin embargo, el estudio El futuro de la educación superior en México, publicado el año pasado por la OCDE, subraya la evidencia de “una falta estructural de fondos en el subsistema (…) y que muchas son pequeñas, operan en instalaciones de baja calidad y tienen un acceso limitado a los recursos de enseñanza modernos”.

El análisis advierte que existe además una gran preocupación sobre la calidad de los programas en las escuelas normales, pues solamente 16% de los estudiantes de las escuelas públicas normales estudian en programas que han sido acreditados externamente.

Es urgente que el gobierno federal sea congruente con su discurso de impulsar el desarrollo y la calidad de las Escuelas Normales en el país, ahora que dará preferencia a sus egresados al momento de ocupar una plaza docente en el sistema educativo nacional que, por cierto, también tiene serias restricciones económicas. Necesitamos hacer de la educación un círculo virtuoso para el país y eso empieza con brindar capacitación de calidad al magisterio.

Las decisiones de la “cuarta transformación” pueden ser populares, pero están lejos de ser eficaces, como la determinación de cambiar la ley para autorizar una plaza docente de forma preferente por el simple hecho de ser egresado de una escuela normal.

La iniciativa, materializada en el Congreso por Morena y sus aliados, se acompaña en el discurso de la reforma constitucional que se propuso fortalecer a las Escuelas Normales, propósito que en los hechos, dista mucho de ser una realidad.

En tiempos de crecimiento económico “cero” y cuando en 2019 datos del propio IMSS registran 48.24% menos empleos que los creados el año antepasado, la expectativa de estudiar para tener un empleo seguro, hizo crecer la matrícula de las Escuelas Normales.

Solo en el Estado de México, la matrícula para este ciclo escolar superó los 9 mil alumnos, cuando el año pasado no llegó a los 7 mil y en 2018 apenas rebasó los 5 mil.

Una vez más, el discurso del gobierno federal no concuerda con sus omisiones. Los gastos de operación de las escuelas normales se cubren con recursos autogenerados, es decir, por las cuotas de inscripción o la expedición de constancias, al igual que una buena parte del equipamiento y, si hemos de ser sinceros, las construcciones más recientes en seis instituciones mexiquenses se hicieron gracias a recursos del Programa Escuelas al Cien (implementado el sexenio pasado) y en dos planteles más, gracias a la gestión del gobierno estatal ante las Fundaciones BBVA y CARSO.

En la entidad más poblada del país, donde existen 43 Escuelas Normales, (36 estatales y cuatro federales), la nómina de las primeras es pagada en su totalidad por el gobierno del estado y solo existe un programa federal que les otorga recursos financieros: apenas 20.5 millones de pesos para el ciclo escolar 2018-2019, unos 570 mil pesos para cada plantel.

El principio es básico: la competencia provoca eficiencia y la realidad global y de profunda desigualdad social en las que vivimos, exigen acciones que trasciendan el sexenio y brinden oportunidades de calidad a nuestras maestras y maestros para que en la misma medida aporten a los estudiantes.

Basta visitar nuestras Escuelas Normales para constatar sus muchas carencias pese al interés y el conocimiento que su misma comunidad tiene por adecuarse a las exigencias de la realidad. Sin embargo, el estudio El futuro de la educación superior en México, publicado el año pasado por la OCDE, subraya la evidencia de “una falta estructural de fondos en el subsistema (…) y que muchas son pequeñas, operan en instalaciones de baja calidad y tienen un acceso limitado a los recursos de enseñanza modernos”.

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