/ viernes 17 de enero de 2020

Con valor agregado | El peso del interés nacional


El próximo 1 de febrero del presente, está considerado que el ejecutivo federal envíe al Senado de la República un proyecto de iniciativa de reforma constitucional y de cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el cual propiciará que las quejas por presuntas responsabilidades administrativas de los juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal se presenten directamente ante la Cámara Alta.

Con esta medida, los jueces y magistrados podrán ser acusados ante el senado por corrupción en procesos judiciales y juzgados por un tribunal especial, propuesto Presidente de la República y ratificados por el Senado.

Se habla entonces de una llamada “Súper Fiscalía”, que juzgue a los juzgadores que hayan caído en la tentación de la corrupción.

El verdadero sentido de esta propuesta es poner más y severas medidas correctivas ante los actos deshonestos de la propia autoridad, es decir, partimos del supuesto que quienes tienen que hacer justicia por y para la sociedad, no cumplen con su deber y para ello es necesario que el estado destine más recursos y autoridades especiales para resolver esos casos.

Al parecer la prevención y sensibilización no la ven como alternativa, un sistema de incentivos, de sueldos y salarios dignos, competitivos no son opción, mejor busquemos más esquemas de sanción, ¿eso nos acercará a la solución?

Adicionalmente, el proyecto del ejecutivo federal contemplaría que las víctimas de delitos puedan solicitar cateos y arraigo a todo tipo de delincuentes, así como la consideración de uso ministerial de pruebas obtenidas de forma ilícita, de igual forma, examina que el gobierno pueda intervenir teléfonos para combatir delitos fiscales y electorales.

En principio de cuentas, el Senado se negó a recibir un anteproyecto de esta propuesta de reforma al considerar que se impondrían normas que afectan a los derechos fundamentales de los individuos.

Un punto que no debemos perder de vista es que nos encontramos en un momento sumamente importante en el país donde nos daremos cuenta si pesa más el interés nacional o el político.

PRESIDENTA DEL CCEM / @LauraGlezEDOMEX


El próximo 1 de febrero del presente, está considerado que el ejecutivo federal envíe al Senado de la República un proyecto de iniciativa de reforma constitucional y de cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el cual propiciará que las quejas por presuntas responsabilidades administrativas de los juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal se presenten directamente ante la Cámara Alta.

Con esta medida, los jueces y magistrados podrán ser acusados ante el senado por corrupción en procesos judiciales y juzgados por un tribunal especial, propuesto Presidente de la República y ratificados por el Senado.

Se habla entonces de una llamada “Súper Fiscalía”, que juzgue a los juzgadores que hayan caído en la tentación de la corrupción.

El verdadero sentido de esta propuesta es poner más y severas medidas correctivas ante los actos deshonestos de la propia autoridad, es decir, partimos del supuesto que quienes tienen que hacer justicia por y para la sociedad, no cumplen con su deber y para ello es necesario que el estado destine más recursos y autoridades especiales para resolver esos casos.

Al parecer la prevención y sensibilización no la ven como alternativa, un sistema de incentivos, de sueldos y salarios dignos, competitivos no son opción, mejor busquemos más esquemas de sanción, ¿eso nos acercará a la solución?

Adicionalmente, el proyecto del ejecutivo federal contemplaría que las víctimas de delitos puedan solicitar cateos y arraigo a todo tipo de delincuentes, así como la consideración de uso ministerial de pruebas obtenidas de forma ilícita, de igual forma, examina que el gobierno pueda intervenir teléfonos para combatir delitos fiscales y electorales.

En principio de cuentas, el Senado se negó a recibir un anteproyecto de esta propuesta de reforma al considerar que se impondrían normas que afectan a los derechos fundamentales de los individuos.

Un punto que no debemos perder de vista es que nos encontramos en un momento sumamente importante en el país donde nos daremos cuenta si pesa más el interés nacional o el político.

PRESIDENTA DEL CCEM / @LauraGlezEDOMEX