La contingencia trajo consigo un confinamiento para todos los ciudadanos, solo se ha permitido la actividad de negocios esenciales y de manera gradual la reincorporación de otras actividades. Al mantener este resguardo, también disminuyó la delincuencia, pues sus actores estaban en casa, sin embargo, esta condición también se ha modificado con el reinicio de la actividad económica.
Lamentablemente el paso de mayo a junio del presente, trajo consigo un aumento en el robo a negocios en un 53%, alcanzando el 22% del total nacional, es decir, de cada 10 ilícitos de este tipo a nivel nacional, dos se perpetraron en el Estado de México, lo cual es motivo para que la autoridad tome cartas en el asunto y no lo desestime, puesto que en plena reactivación económica, cuando los empresarios están haciendo el esfuerzo de la conservación y generación de empleos, la limitada seguridad, propicia que las empresas no puedan operar.
Asimismo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que el robo a transportistas también incrementó un 33.5% en el periodo antes mencionado, alcanzando el 55.4% del total nacional, lo cual quiere decir que el Estado de México es la región del país más peligrosa para transportar carga de cualquier tipo, por medio de camiones, esos datos limitan la inversión, aumentan los gastos logísticos y de seguridad para las empresas, mismos que se transfieren al consumidor final.
Si bien la autoridad está enfocada en el tema prioritario de la pandemia, no puede descuidar la seguridad, porque además de la crisis económica puede traer consigo una crisis social de dimensiones graves.
Otro dato de gran relevancia es que el delito de fraude en la entidad, también aumentó 38% de mayo a junio, y representó el 17% del total del país, es decir, se incrementó la incidencia delictiva a empresas y empresarios, los delincuentes salieron del confinamiento apenas abrieron los negocios, es lamentable que la autoridad no haya establecido un plan de contención de la seguridad cuando todos estaban en resguardo.
Es una realidad que la prevención en términos de seguridad es un garante de la estabilidad social y económica. No se puede dejar de priorizar la seguridad como una estrategia integral de gobernanza.
