La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, designó el 9 de diciembre como el Día Internacional Contra la Corrupción, por ello esta columna esta dedicada a mostrar algunas cifras sobre el tema y poder reflexionar sobre este padecimiento de la sociedad.
Cifras del INEGI denotan que el principal problema que la población mayor de 18 años identifica en su entidad es la inseguridad, seguida por la delincuencia y en tercer lugar, la corrupción, en ello coinciden 56.7% de los encuestados. En 2017 del total de la población que tuvo contacto con un servidor público, 14.6% sufrió algún tipo de acto de corrupción, esto como media nacional, sin embargo, en el Estado de México la proporción se incrementa al 15.9%.
A nivel nacional y de forma general, se presentaron actos de corrupción en 59.9% con autoridades de seguridad pública, 30.7% en lo que refiere a trámites relacionados con la propiedad y 25.1% en trámites ante el Ministerio Público
En 2017, del total de la población que sufrió algún acto de corrupción, 82.6% no denunció ante la autoridad competente, aduciendo falta de confianza en el personal que labora en las instituciones, sin embargo, el 30% de los afectados no manifestó el ilícito porque obtuvo el beneficio que buscaba o porque consideró que la corrupción es una práctica común.
De acuerdo con las denuncias recibidas por los organismos de control interno de las dependencias o instituciones, en 2018 el Estado de México registró 18 mil 718 casos, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional, seguido por Sonora con 9 mil 504 y la Ciudad de México con 4 mil 287 casos, cabe señalar que el mayor número de denuncias de este tipo se hacen en línea o a la distancia, registrando 39.4% del total de las mismas.
Para hacer frente a estas tareas, en 2015, en México se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, en el Estado de México se cuenta con el Sistema Estatal Anticorrupción, que cuenta entre sus filas con el Consejo de Participación Ciudadana, entre sus objetivos se encuentra el diseño e implementación de políticas públicas para delinear estrategias y acciones de prevención, control y sanción de la corrupción.
Por su parte, las dependencias han puesto mayor atención para prevenir la corrupción en temas como: declaración patrimonial de los servidores públicos, compras de gobierno y áreas de gestión para apoyos con programas sociales.
En 2018 la Ciudad de México encabezó el mayor porcentaje del total nacional de procedimientos por responsabilidad administrativa con 22%, seguida por el Estado de México con el 17.4% y Jalisco con 16.4%.
Por cada 100 denuncias que recibieron los órganos pertinentes, de las dependencias estatales, solo 13 servidores públicos fueron sancionados en alguna medida, lo que resulta muy bajo contra el nivel de acciones emprendidas para resolver la situación.
En el afán de cambio del Estado Mexicano, la corrupción ha tomado una importancia histórica que requiere mucho tiempo para revertir en todos los niveles de la sociedad y del gobierno dadas sus afianzadas bases en la cultura mexicana, desde la ciudadanía hasta las instituciones.
La educación y la participación ciudadana jugarán un papel fundamental a la par de la madurez que los gobiernos en adelante tengan para erradicar una práctica común y erróneamente aceptada como estilo de vida en este país.
PRESIDENTA DEL CCEM / @LauraGlezEDOMEX
