/ sábado 24 de julio de 2021

¡Cuidado… las paredes oyen!

“Al que no le guste el calor, que se salga de la cocina”. Ese era el refrán que más le gustaba mencionar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Todo mundo sabes que, de alguna u otra forma, el espionaje político siempre ha sido una realidad en nuestro país, y particularmente en el Estado de México.

Desde la extinta Dirección Federal de Seguridad hasta el CISEN se institucionalizó el espionaje para garantizar la seguridad del Estado Mexicano. Sin embargo, esa práctica se ha extendido en virtud de la utilización de tecnologías de avanzado alcance y que facilitan esas actividades.

Ya no es necesario que existan pájaros en el alambre que, colgados de las líneas telefónicas en los postes cercanos, escuchen las conversaciones. Las “orejas” de Gobernación que hacían un resumen del “seguimiento” de las personas, hasta hurgar en la basura, han sido desplazados por potentes herramientas digitales que permiten la geolocalización, tener acceso a sus datos y correo electrónico, a sus mensajes de texto y conversaciones en aplicaciones de mensajería.

Esas herramientas, como la israelí llamada Pegasus, que permite al curioso utilizar hasta la cámara del teléfono, han sido utilizadas para inmiscuirse en la privacidad de varios políticos, artistas, escritores, defensores de derechos humanos y un largo etcétera que evidencia la loca pasión por querer controlar a quienes se consideran adversarios peligrosos.

La revelación de que en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto diversas dependencias utilizaron esta herramienta para “vigilar” a más de 15 mil ciudadanos mexicanos es escandaloso por las personas a las que se les intervino, entre ellas, el círculo político y familiar más íntimo del actual Presidente de México y quien era el principal líder opositor entonces.

Además de ellos, periodistas y artistas; además, porque se utilizaron a empresas extranjeras para llevar a cabo esa despreciable actividad. Dependencias del Estado Mexicano, a través de una empresa israelí radicada en México, espiando a ciudadanos mexicanos. Profunda irresponsabilidad de quienes firmaron y permitieron que ello sucediera.

No es una locura pensar que NSO Group, empresa de ciberseguridad encargada de operar Pegasus, no tenga vínculos o lazos con una de las principales agencias de inteligencia del mundo, el Mosad de Israel, cuyas prácticas han sido condenadas por la comunidad internacional.

Lo revelado por un conglomerado de periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la comunidad internacional es escandaloso y debe ser castigado. El derecho a la intimidad y a la privacidad está protegido por nuestra Constitución y políticamente es condenable su vulneración.

En Estados Unidos el espionaje ilegal le costó la Presidencia a Richard Nixon, mientras en nuestro país, silencio… Las paredes oyen.

“Al que no le guste el calor, que se salga de la cocina”. Ese era el refrán que más le gustaba mencionar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Todo mundo sabes que, de alguna u otra forma, el espionaje político siempre ha sido una realidad en nuestro país, y particularmente en el Estado de México.

Desde la extinta Dirección Federal de Seguridad hasta el CISEN se institucionalizó el espionaje para garantizar la seguridad del Estado Mexicano. Sin embargo, esa práctica se ha extendido en virtud de la utilización de tecnologías de avanzado alcance y que facilitan esas actividades.

Ya no es necesario que existan pájaros en el alambre que, colgados de las líneas telefónicas en los postes cercanos, escuchen las conversaciones. Las “orejas” de Gobernación que hacían un resumen del “seguimiento” de las personas, hasta hurgar en la basura, han sido desplazados por potentes herramientas digitales que permiten la geolocalización, tener acceso a sus datos y correo electrónico, a sus mensajes de texto y conversaciones en aplicaciones de mensajería.

Esas herramientas, como la israelí llamada Pegasus, que permite al curioso utilizar hasta la cámara del teléfono, han sido utilizadas para inmiscuirse en la privacidad de varios políticos, artistas, escritores, defensores de derechos humanos y un largo etcétera que evidencia la loca pasión por querer controlar a quienes se consideran adversarios peligrosos.

La revelación de que en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto diversas dependencias utilizaron esta herramienta para “vigilar” a más de 15 mil ciudadanos mexicanos es escandaloso por las personas a las que se les intervino, entre ellas, el círculo político y familiar más íntimo del actual Presidente de México y quien era el principal líder opositor entonces.

Además de ellos, periodistas y artistas; además, porque se utilizaron a empresas extranjeras para llevar a cabo esa despreciable actividad. Dependencias del Estado Mexicano, a través de una empresa israelí radicada en México, espiando a ciudadanos mexicanos. Profunda irresponsabilidad de quienes firmaron y permitieron que ello sucediera.

No es una locura pensar que NSO Group, empresa de ciberseguridad encargada de operar Pegasus, no tenga vínculos o lazos con una de las principales agencias de inteligencia del mundo, el Mosad de Israel, cuyas prácticas han sido condenadas por la comunidad internacional.

Lo revelado por un conglomerado de periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la comunidad internacional es escandaloso y debe ser castigado. El derecho a la intimidad y a la privacidad está protegido por nuestra Constitución y políticamente es condenable su vulneración.

En Estados Unidos el espionaje ilegal le costó la Presidencia a Richard Nixon, mientras en nuestro país, silencio… Las paredes oyen.

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