A ellos les pareció una exageración. Hubo quienes se sintieron agredidos y pensaron que de víctimas, nos convertiríamos en victimarias, pues no habría manera de definir algo tan “subjetivo” a sus ojos. Era noviembre de 2012, cuando Lucero Saldaña presentó la primera iniciativa en el Congreso mexicano, para tipificar como delito electoral la violencia política en razón de género, dos años antes de la reforma constitucional de 2014 que hoy permite a nuestras legislaturas tener una integración paritaria entre mujeres y hombres.
Siete años después, en 2019, México se convirtió en el primer país en tutelar en su Constitución el principio de paridad transversal, a fin de garantizar que la mitad de los cargos de toma de decisiones en el poder público sean encabezados por mujeres: gobiernos federal, estatales y municipales, así como poderes legislativo y judicial y organismos constitucionales autónomos federales o locales.
Y este año, el Congreso de la Unión aprobó al fin, tipificar la violencia política en razón de género, aunque el camino para lograr que ambos derechos políticos de las mujeres no se queden en el papel y haya que exigirlos en los juzgados, todavía es largo, pues los congresos locales deben armonizar las leyes estatales, a fin de cerrar el paso a las interpretaciones u omisiones que normalmente son desventajosas para las mujeres.
En el Estado de México, vivimos días cruciales para lograrlo, pues el Congreso local concluye esta semana su periodo de sesiones y la legislación citada deberá estar lista 90 días antes del proceso electoral de 2021 lo que, en el caso de las reformas a la Constitución mexiquense, requiere aún la validación de la mayoría de los 125 municipios.
Las mexiquenses estamos muy atentas al proceso. Unidas, a través de diversos colectivos plurales de mujeres y con la muy valiosa participación de consejeras y magistradas electorales, realizamos un foro virtual el 5 de junio y analizamos la iniciativa que fue presentada por las legisladoras Mariana Uribe y Karina Labastida, a fin de realizar una serie de aportaciones que enviamos el pasado 21 de julio a los 75 congresistas locales.
Reconocemos la apertura de quienes presiden las comisiones dictaminadoras para conocer las propuestas que elaboramos con el único objetivo de garantizar elecciones libres de violencia política y la participación de más mujeres en la toma de decisiones en la administración pública de nuestro estado.
Por consenso, entregamos alternativas para fortalecer La Constitución mexiquense, la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,la de la Fiscalía General de Justicia y al Código Electoral para, entre otros aspectos, lograr que quien ocupe un cargo de representación popular, no esté inscrito en el padrón estatal de deudores alimentarios, ni haya recibido condena o sanción por cometer violencia política, delitos sexuales o violencia familiar contra mujeres.
La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al Congreso de Nuevo León, emitir la normatividad respectiva en congruencia con la reforma constitucional en materia de paridad entre géneros, e instruyó al Organismo Público Electoral Local, establecer las reglas necesarias, a fin de que entren en vigor durante los próximos comicios.
No hay marcha atrás. Vale la pena que la entidad más poblada del país apruebe en tiempo y forma un marco legal sólido, producto de la participación abierta y plural de legisladoras y legisladores, pero también de las aportaciones que, de buena fe y con pleno conocimiento, hacemos desde la sociedad a nuestros representantes populares para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
*Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera.
