De acuerdo con la Constitución, la Consulta Popular es un mecanismo de participación para que la ciudadanía se exprese sobre asuntos de trascendencia nacional y puede ser vinculante cuando en ella participen más del 40% de la lista nominal. Fue integrada a la Carta Magna después de un largo proceso legislativo que comenzó en 2009, (por iniciativa del PAN) y promulgada en 2012 a finales del sexenio de Calderón, con los votos de izquierdas y derechas.
La Consulta Popular debió haberse estrenado con la Reforma Energética, un asunto de verdadera trascendencia nacional. Hagamos un poco de historia.
La clara polarización del Congreso en 2006-2012 impidió que la Constitución se modificara en materia energética, pero sobre todo gracias al movimiento social organizado bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, representado en las Cámaras por los partidos de izquierda y articulado hacia abajo por el Movimiento de Regeneración Nacional. La Reforma Energética sólo transitó con Peña Nieto gracias a la sofisticada trama de acuerdos del Pacto Por México, diseñado por liderazgos del PRD quienes, aunque no votaron a favor de modificar el 27 Constitucional, sí que facilitaron su aprobación.
Desde 2014, cientos de ciudadanos nos movilizamos en torno a la defensa de PEMEX y de la soberanía energética, alcanzando a recaudar más del millón 700 mil firmas que eran requisito para poder activar la Consulta Popular. Después vino el voto en contra de la Suprema Corte, “por tratarse de un tema relacionado con ingresos y egresos” sin ponderar el interés superior de la Nación (¿qué reforma constitucional no implica una afectación al Presupuesto?).
Para la consulta “para poder enjuiciar a expresidentes”, ocurrencia presidencial, MORENA, ya como partido, no alcanzó a juntar las 800 mil firmas que ahora son necesarias y fue el mismo presidente quien terminó solicitándola en persona. La Corte la autoriza, pero deja un galimatías de pregunta que ya nada tiene que ver con expresidentes.
Gran decepción y desperdicio de recursos financieros, históricos y de autoridad moral. Si hay pruebas para llevar a juicio a cualquier expresidente o “actor político del pasado”, AMLO debería presentar una denuncia no una solicitud de Consulta, la que no sólo costará 500 millones sino mucho más en términos de legitimidad para su sexenio.
Mientras tanto, la Reforma Energética de Peña Nieto sigue vigente y los asuntos de verdadera relevancia nacional no sólo no han pasado por un Parlamento Abierto, sino que han sido aprobados tal como se mandan desde Palacio, sin cambiarles una coma.
Si se trata de grandes temas, ¿por qué no hacer una Consulta, por ejemplo, para mandatar una nueva Constitución, acorde a la transformación que requiere México? Allí está la experiencia de Chile: una transformación sin demagogia, con participación ciudadana.
Daniel Rosemberg Cervantes Pérez.
Politólogo y consultor especialista en innovación pública, transparencia y gobierno abierto. Integrante del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), fundador de Innovación Cívica A.C. y coordinador de la Red Mexiquense de Gobierno Abierto.
