/ miércoles 13 de marzo de 2024

El bienestar social y el papel ineludible de los gobiernos

Por Judith Pérez Soria

Es posible que a estas alturas estemos familiarizados con la palabra “bienestar” porque está presente en la mayoría de los programas sociales impulsados por el gobierno federal. Incluso, las secretarías de desarrollo social se han redefinido como secretarías del bienestar, desde el ámbito federal hasta el municipal, evidenciando con ello el arraigo de la palabra en el vocabulario cotidiano, administrativo y político.

Sin embargo, detengámonos un momento a reflexionar sobre su significado y relevancia. ¿Qué es el bienestar social? ¿Por qué se utiliza en programas sociales? ¿Cuál es su conexión con grupos específicos, como niños, niñas, jóvenes, mujeres o adultos mayores? ¿Cuál es su relación con las condiciones de una sociedad en su conjunto?

James Midgley, en un texto sobre política social, dice que el bienestar, en sentido amplio, refiere a una condición o estado del ser humano que se produce cuando las necesidades son cubiertas, los problemas sociales son atendidos eficazmente y las oportunidades para mejorar la vida son maximizadas. Por lo tanto, al tratarse de necesidades, problemas sociales y oportunidades que afectan la vida de las personas, se demanda la intervención del agente gubernamental. Pero esto no siempre fue así, ya que las tareas gubernamentales, primero e históricamente, se centraron en mantener el orden social y legal, dejando el bienestar de las personas que se encontraban en desventaja en manos de la familia, la comunidad y las organizaciones civiles y religiosas.

En este sentido, el bienestar no se consideraba como un asunto público, sino que dependía de los grupos primarios y de la buena voluntad de las personas. Actualmente, todos los gobiernos del mundo destinan recursos públicos a ejecutar políticas y programas -denominados como sociales- para mejorar las condiciones que producen bienestar.

La principal razón de introducir políticas sociales es la mejora del bienestar de las personas cuyas necesidades básicas no están resueltas, lo cual compromete sus oportunidades de una vida mejor, lo que se puede lograr a través de programas de salud, vivienda, educación, pensiones y nutrición. Ejemplo de ello en nuestro país son el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien no incluye la palabra bienestar en el nombre, se orienta al mismo objetivo.

Pero el bienestar social tiene una segunda dimensión que va más allá de la atención con servicios y programas, y que implica la construcción de sociedades en condiciones de paz, la garantía de los derechos humanos de todas las personas, el fortalecimiento de la participación democrática y el crecimiento económico.

En ambas formas de procurar el bienestar se requiere de la activa participación de los gobiernos, porque estas condiciones se vinculan directamente con las decisiones y acciones públicas en materia de economía, seguridad, política y protección social. Y con el compromiso que tengan los gobiernos con los derechos humanos, la democracia y la equidad.

*Socióloga. Profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense. comuna@cmq.edu.mx

Por Judith Pérez Soria

Es posible que a estas alturas estemos familiarizados con la palabra “bienestar” porque está presente en la mayoría de los programas sociales impulsados por el gobierno federal. Incluso, las secretarías de desarrollo social se han redefinido como secretarías del bienestar, desde el ámbito federal hasta el municipal, evidenciando con ello el arraigo de la palabra en el vocabulario cotidiano, administrativo y político.

Sin embargo, detengámonos un momento a reflexionar sobre su significado y relevancia. ¿Qué es el bienestar social? ¿Por qué se utiliza en programas sociales? ¿Cuál es su conexión con grupos específicos, como niños, niñas, jóvenes, mujeres o adultos mayores? ¿Cuál es su relación con las condiciones de una sociedad en su conjunto?

James Midgley, en un texto sobre política social, dice que el bienestar, en sentido amplio, refiere a una condición o estado del ser humano que se produce cuando las necesidades son cubiertas, los problemas sociales son atendidos eficazmente y las oportunidades para mejorar la vida son maximizadas. Por lo tanto, al tratarse de necesidades, problemas sociales y oportunidades que afectan la vida de las personas, se demanda la intervención del agente gubernamental. Pero esto no siempre fue así, ya que las tareas gubernamentales, primero e históricamente, se centraron en mantener el orden social y legal, dejando el bienestar de las personas que se encontraban en desventaja en manos de la familia, la comunidad y las organizaciones civiles y religiosas.

En este sentido, el bienestar no se consideraba como un asunto público, sino que dependía de los grupos primarios y de la buena voluntad de las personas. Actualmente, todos los gobiernos del mundo destinan recursos públicos a ejecutar políticas y programas -denominados como sociales- para mejorar las condiciones que producen bienestar.

La principal razón de introducir políticas sociales es la mejora del bienestar de las personas cuyas necesidades básicas no están resueltas, lo cual compromete sus oportunidades de una vida mejor, lo que se puede lograr a través de programas de salud, vivienda, educación, pensiones y nutrición. Ejemplo de ello en nuestro país son el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien no incluye la palabra bienestar en el nombre, se orienta al mismo objetivo.

Pero el bienestar social tiene una segunda dimensión que va más allá de la atención con servicios y programas, y que implica la construcción de sociedades en condiciones de paz, la garantía de los derechos humanos de todas las personas, el fortalecimiento de la participación democrática y el crecimiento económico.

En ambas formas de procurar el bienestar se requiere de la activa participación de los gobiernos, porque estas condiciones se vinculan directamente con las decisiones y acciones públicas en materia de economía, seguridad, política y protección social. Y con el compromiso que tengan los gobiernos con los derechos humanos, la democracia y la equidad.

*Socióloga. Profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense. comuna@cmq.edu.mx