Un diagnóstico tardío o la falta de un tratamiento adecuado, convierten al cáncer en una enfermedad fatal, al grado de ser la tercera causa de muerte en México, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, debido en gran medida a que el 60 por ciento de los casos en México, son detectados en etapas avanzadas.
Un reto de esta magnitud, exige del Estado mexicano una estrategia integral, que parta de mejorar el sistema de información del sector salud, la creación de un registro nacional de dicha enfermedad, una adecuada distribución de los recursos materiales y humanos en las diferentes regiones del país, además de la necesaria inversión en equipos de prevención, contratación de personal e infraestructura para atención.
Lamentablemente, a la peor crisis económica de nuestra historia se suma el desmantelamiento de instituciones y presupuestos que costaron años o décadas de lucha y que representaban una oportunidad de vida, como recibir atención médica en el caso de padecer cáncer.
A manos de un gobierno que todo lo etiqueta de corrupción e ideología y todo lo deja sin alternativas concretas de continuidad o de mejora, estamos a punto de presenciar otro recorte presupuestal que atenta contra nuestro derecho a la salud.
Primero fue el Seguro Popular. Eliminaron un programa que brindaba prevención y atención del cáncer a personas que trabajan en el sector informal de la economía y por tanto no son derechohabientes, para sustituirlo por un esquema de cobertura universal en el discurso, pero limitada en los hechos a la atención en hospitales de primer y segundo nivel, porque en el tercer nivel, la atención exige cuotas de recuperación que muy pocas personas pueden pagar.
Los discursos no corresponden con las decisiones en los recursos. El proyecto presupuestal de 2021 hace quedar muy mal aquella frase de “nunca se había protegido tanto a las mujeres como ahora”, pues la propuesta enviada a la Cámara de Diputados por el presidente de la República, recorta en el Anexo 13 más del 64 por ciento de los recursos asignados a programas que inciden directamente en la igualdad, la salud y la erradicación de la violencia y la desigualdad que padecemos las mujeres.
Solo el rubro Salud Materna, Sexual y Reproductiva del Anexo 13, disminuirá 21.2% en términos reales respecto de lo asignado en el año de 2018, lo que representa una disminución de 342 millones de pesos para cáncer de mama; de 312 millones de pesos para cáncer cérvico uterino; de 13 millones de pesos para cáncer de endometrio y de 30 millones de pesos para cáncer de ovario.
Congruente en su actuar, que no en su decir, van por más. El día de hoy en la Cámara de Diputados la mayoría que conforman Morena, PES, PT y PVEM, insistirán en la desaparición del Fondo para la Protección contra Gastos Catastróficos, que cubre 30 tipos diferentes de cáncer para mujeres y hombres, incluidos los menores de edad.
Votaré en contra porque, de lograrlo, Morena y sus aliados eliminarán de tajo un instrumento financiero etiquetado con precisión para atender este tipo de enfermedades, auditable y que permite financiar proyectos con aportaciones internacionales o privadas, de forma multianual, transexenal o de forma emergente.
Abrirán así la puerta al uso discrecional de miles de millones de pesos que tal vez se conviertan en transferencias monetarias directas. ¿Útiles? Sí, pero incapaces de pagar por sí mismas, atención especializada, medicamentos y hospitalización para un enfermo de cáncer. No lo permitamos.
*Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
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