La estrategia de nearshoring coloca a México en un escenario prometedor, luego de la pandemia por COVID-19 y sus impactos en materia económica. En el ajedrez de factores que explican el llamado “Mexican Moment” destaca, por ejemplo, la vecindad con Estados Unidos, mano de obra capacitada, costos laborales y el T-MEC.
El fenómeno del nearshoring o relocalización de las cadenas de producción hacia nuestro país, nos obliga a repensar la posición del Estado de México como un estado estratégico capaz de aprovechar esta oportunidad no sólo en lo inmediato, sino de aquí a diez años.
Diversos factores colocan a nuestro estado como un candidato ideal para beneficiarse de este modelo industrial. Una ubicación geográfica estratégica, niveles altos de desarrollo logístico y de infraestructura, mano de obra calificada, una industria manufacturera robusta, cerca de 1,300 kilómetros de vías férreas, así como dos aeropuertos, son algunos de los aspectos que posicionan económicamente al estado.
Sin embargo, nuestro estado no ha logrado beneficiarse de estas condiciones. Con datos de la Secretaría de Economía, se tiene que las entidades federativas mayormente favorecidas durante el 2022 por la Inversión Extranjera Directa (IED) fueron la CDMX, Nuevo León, Jalisco, Baja California y Chihuahua. Y ello solo es un ejemplo de la pérdida de competitividad del Estado de México gestada durante las últimas administraciones estatales.
La discusión de cómo apuntalar al estado para que sea capaz de aprovechar al máximo el modelo del nearshoring se da en un contexto de cambio político en el estado, con el arranque de funciones de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. Este elemento es promisorio, si consideramos que es una oportunidad histórica para romper con inercias burocráticas y espacios de corrupción a gran escala que pervirtieron el crecimiento económico en los últimos años.
Es alentador que el nuevo gobierno haga énfasis en que para crecer se necesario considerar variables más allá de las estrictamente económicas. Los temas de infraestructura, seguridad, la coordinación con la CDMX, el impulso al campo y una política de bienestar social, deberán estar a la mesa durante el diseño de la política económica del Estado de México.
