Se trataba de otorgar soporte legal a las acciones del Ejército y la Marina en materia de seguridad pública. Pero la Ley de Seguridad Interior aprobada por los Diputados (y que seguramente aprobarán hoy los senadores) ha generado rechazo en la sociedad civil, especialmente en organizaciones de derechos humanos. Incluso la ONU ha pedido que no se apruebe y es que verdaderamente la nueva ley se pasó de la raya.
En principio, ésta ofrece sustento legal para mantener a los soldados y marinos fuera de sus cuarteles en funciones de policía y combate al crimen organizado. No obstante, la ley también otorga a las fuerzas armadas la posibilidad de reprimir manifestaciones y protestas de índole social, política y electoral, si a juicio de algún mando civil o militar son violentas o si las consideran un riesgo para las instituciones. Con ello se corre el riesgo de criminalizar nuevamente la protesta social y, además, la ley no considera mecanismos o instancias que verifiquen y sancionen violaciones a los derechos humanos.
Digo que “nuevamente” se criminaliza la protesta social, pues hay que recordar que entre las décadas de 1940 y 1970 existió, tipificado en el Código Penal, el delito de “disolución social” que en teoría serviría para frenar el avance de ideologías extranjeras en nuestro país, como los fascismos europeos, pero que en realidad se utilizó para reprimir protestas como las de trabajadores ferrocarrileros y maestros en los 50, y de médicos y estudiantes en los 60.
Ahora las fuerzas armadas podrán actuar en cualquier caso que consideren un riesgo a la seguridad nacional, con el peligro que eso conlleva de que haya otra vez brutales represiones y que el autoritarismo amenace a la democracia incipiente que hemos construido. Pero no sólo eso, a la fecha ha quedado claro que la intervención de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado desde el año 2006 no redujo sino que incrementó la violencia y multiplicó el número de asesinatos. Además, aún con una ley, buena o mala, se mantiene el verdadero problema de fondo: que no se han establecido cuerpos de policía capaces de hacer frente a la delincuencia e incluso la misma acción del ejército ha hecho que los estados se tiren a la hamaca y rezaguen esta tarea urgente. Más aún, al dotar a las fuerzas armadas de tanto poder, pareciera que las corporaciones de seguridad pública del Estado mexicano se desprenden de su importantísima función de dotar a los mexicanos de seguridad interior.
No con ello planteo que se elimine la nueva ley o se mande a la “congeladora”. En cualquier caso, los soldados y marinos son los únicos capaces de hacer frente a los criminales y requieren de seguridad, pues también están expuestos a terribles peligros. Vean el siguiente testimonio recabado por Federico Reyes Heroles: “Cuando agarran a uno de los nuestros, los castran y les enseñan sus bolas para que las vean, después los dejan desangrarse o les mochan los dedos o las orejas para mandarles fotos a los familiares. A muchos les sacan los ojos uno por uno, los levantan y los ponen a caminar ciegos, los empujan, los vejan, los patean y después de un rato les dan el tiro de gracia”.
En conclusión, las fuerzas armadas requieren de una ley de seguridad interior que les brinde seguridad jurídica en su actuación. No esta ley, tal vez otra menos pretenciosa y menos proclive a revivir el autoritarismo.
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