La principal crítica hecha al gobierno por organizaciones sociales y actores políticos respecto del sismo del 19-S fue la supuesta tardanza con la que reaccionó ante las desgracias humanas. No estuve de acuerdo con esa crítica puesto que la reacción del gobierno, y en especial de las fuerzas armadas, se hizo sentir minutos después del siniestro. No obstante, hubo otra crítica que prácticamente pasó desapercibida pero llamó mi atención, pues alertaba sobre la conveniencia de militarizar la protección civil en el país. En otras palabras, ¿es conveniente que las fuerzas armadas se constituyan en las principales instancias encargadas de la protección a la población en una materia que, como su nombre lo indica, debe ser del ámbito “civil”?
Tal vez no sea lo mejor pero, como hemos visto en los últimos años, sólo las fuerzas armadas han tenido la capacidad para enfrentar problemas como la inseguridad pública, pues los cuerpos de policía se han visto rebasados por el crimen organizado y sólo el Ejército y la Marina tienen la capacidad de fuego para responder a los delincuentes. Es por ello que era necesario dar sustento legal a su actuación en labores de seguridad pública que no les corresponden, no con los términos planteados en la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso, sino una ley con la que no se corriera el riesgo de militarizar la seguridad pública y la protesta social.
De la misma forma, si bien existen en el país cuerpos de protección civil profesionales y avanzados, tanto gubernamentales como no gubernamentales (incluidos grupos de salvamento mejor conocidos como “Topos”), estos han requerido del auxilio de las fuerzas armadas en atención a que sólo dichas instancias cuentan con capacidad logística y de organización, así como con experiencia (hay que recordar sus labores reguladas por el Plan DN-III de auxilio a la población por desastres naturales) para hacer frente a las desgracias provocadas por terremotos. En honor a la verdad, por estas y otras razones, las fuerzas armadas se han ganado el reconocimiento de gobiernos y sectores de la sociedad al colaborar en actividades pacíficas.
Pero tampoco cierro los ojos ante varios hechos negativos. En principio, el que la incursión de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado ha incrementado la espiral de violencia en el país; que al combatir al crimen los soldados y marinos han cometido un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos; y que, paradójicamente, cada vez se requiere más su presencia para garantizar los derechos humanos. Es una realidad: para ofrecer seguridad, garantizar el libre tránsito, apoyar a la población vulnerable en labores de limpieza y distribución de alimentos, así como en la reconstrucción de viviendas dañadas, se requiere de las fuerzas armadas. Por ello rescato y reformulo la pregunta inicial: ¿es conveniente que éstas se constituyan en las principales instancias encargadas de la defensa de los derechos humanos? Debe plantearse un serio debate al respecto para saber si éste es el camino correcto.
Dato de paz: El Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 fue otorgado a Miguel Álvarez Gándara, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), organización fundada por Samuel Ruiz, el legendario defensor de los pueblos indígenas chiapanecos y mediador en el conflicto de 1994 entre el gobierno y el EZLN.
rodrigo.pynv@hotmail.com
