En el Congreso de la Unión aprobamos este año una reforma constitucional que establece el derecho de las y los mexicanos a una educación inclusiva, y aún no acabamos de quejarnos de su discordancia con la legislación secundaria y el presupuesto, cuando la realidad nos advierte que las soluciones son posibles si existe voluntad para transformarla.
Hace unas semanas, me conmovió la perfecta interpretación de nuestro Himno Nacional en lenguaje de señas, en una pequeña escuela primaria de mi municipio, Metepec. Mi sorpresa fue mayor al saber que en ella no existen estudiantes con discapacidad alguna, pero quienes acuden a este centro escolar, se preparan –sin que exista la obligación curricular, sino por iniciativa de sus maestras y maestros-- para una sociedad más incluyente.
Días más tarde, recibí la llamada de Norma Aceves, activista incansable a favor de los derechos de las personas con discapacidad y para quien haberse fracturado ambas piernas al caer de su silla de ruedas, fue la oportunidad para elaborar una iniciativa de ley que establece los cómos para que la educación inclusiva sea una realidad en nuestro sistema educativo.
Así fue como, junto con mi grupo parlamentario, presentamos la iniciativa de su autoría para reformar la recién aprobada Ley General de Educación, a fin de establecer los requerimientos mínimos para garantizar el derecho a la educación inclusiva, atendiendo las necesidades de grupos focalizados, como la comunidad sorda y las personas con discapacidad visual, entre otros.
De ser aprobada, la ley daría el carácter de optativa, temporal, proporcional y voluntaria a la educación especial en congruencia con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y propiciaría las condiciones para que el entorno de educativo se adapte progresivamente a las necesidades de las alumnas y los alumnos con discapacidad y que no sean ellos quienes deban integrarse al aula, restringiendo su interacción a las actividades donde pueden ser incorporados.
En México el camino hacia una educación inclusiva real y de calidad, es muy largo todavía, pues hasta ahora los esfuerzos se centran en la educación básica y los programas y planes centralizan la responsabilidad en los Centros de Atención Múltiple, las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
El objetivo de la iniciativa preparada por Norma Aceves y respaldada por nosotros como legisladores, es que las autoridades educativas puedan implementar las acciones que identifiquen y erradiquen las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.
Claro que lograrlo, requiere además de una legislación clara en sus objetivos, de la voluntad política de las autoridades educativas para su implementación y de los recursos necesarios para que los centros escolares adecúen sus instalaciones y tengan personal capacitado y suficiente. Si el gobierno federal pretende ser congruente con su discurso y dar prioridad a los sectores más pobres, esta es una gran oportunidad para acreditarlo.
*Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
