La indolencia del gobierno federal para atender a las niñas y niños que padecen cáncer, raya en la crueldad, pero no es el único padecimiento sin atención por parte del sector salud.
Resulta injusto e injustificable que, quienes hicieron campaña bajo el lema “primero los pobres”, hoy desde el poder los abandonen a su suerte e incumplan una de sus obligaciones fundamentales: garantizar el derecho a la salud a la población más vulnerable.
A punto de iniciar el cuarto año de gobierno, el gobierno de Morena y sus aliados perdieron más de 3 y medio millones de votos, pero no la mayoría simple (la mitad más uno) en la Cámara de Diputados, de modo que podrán aprobar solos los impuestos y el presupuesto del país, como lo han hecho este sexenio: sin escuchar propuestas ni razones.
En medio de la pandemia por Covid-19, de la desaparición del Seguro Popular (SP) y de una transición al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) plagada de excusas, la aprobación del presupuesto en materia de salud será un tema vital para la sociedad mexicana. Literalmente.
Un estudio reciente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), revela que el presupuesto para la población sin seguridad social en México, pasó de 31.8% del gasto total en salud en 2017 a 28.6% en 2021 con el INSABI, la menor proporción desde 2016.
El análisis elaborado por Judith Méndez y Alejandra Llanos, subraya que en este 2021 el presupuesto del INSABI es 5.6% menor a lo ejercido por el SP en 2017, cuando este cubría solamente a 53.5 millones de mexicanos, en tanto que hoy, la población objetivo de INSABI es de 68.1 millones de personas.
El objetivo de cubrir a toda la población sin seguridad social se ve inalcanzable, pues solo de 2019 a 2021, se redujo en 20.3 por ciento y se confirma lo que desde la oposición señalamos en la tribuna de la Cámara de Diputados: fue un error desaparecer el Fondo para Gastos Catastróficos (FPGC), que otorgaba servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular, para la atención de 66 enfermedades tan graves que son capaces de acabar en muy poco tiempo con el patrimonio familiar, pero también no prever recursos para atender la pandemia.
Así, hoy el FONSABI destina 27 por ciento menos recursos que el FPGC para atender ese tipo de enfermedades, debido a que casi cuatro de cada diez pesos, han sido utilizados para combatir la Covid-19.
En resumen, las investigadoras refieren que “el financiamiento del INSABI evidencia la tendencia de un presupuesto que no está vinculado al número de personas afiliadas y sigue sin considerar las variables demográficas y epidemiológicas del país”.
Un análisis que confirma la incertidumbre y la preocupación que viven millones de personas en México que, al carecer de seguridad social, se enfrentan a la falta de empatía y de responsabilidad de un gobierno que empieza en breve la segunda mitad de su mandato, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, producto de un sinnúmero de austericidios y de una curva de aprendizaje que está cobrando vidas.
Si el sufrimiento de estas familias no conmueve a la mayoría oficialista, esperemos que la pérdida de confianza que atestiguaron en la elección pasada, les obligue a escuchar las propuestas que haremos desde la oposición en San Lázaro, para rectificar el rumbo.
*Diputada federal electa del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera.
