/ martes 7 de septiembre de 2021

Invisibles

¿Cómo les explicamos que no pueden atentar contra la niñez y la adolescencia? ¿Que, aunque no eligen familia ni gobernantes, su contribución a la sociedad o el costo que le representen, dependen de la inversión en su desarrollo?

Hechos, no palabras: la tasa de mortalidad infantil para este año en México, se ubica en 14.4 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, en tanto que las tasas de vacunación con esquema completo en menores de un año de edad, cayó a 77.7% este año, cuando superaba el 94 por ciento en 2018 y ni qué decir de la desnutrición o el abandono escolar crecientes en medio de la pandemia y los austericidios presupuestales.

Pero en tiempos de la cuatroté, siempre es posible empeorar y de nuevo se juntaron la austeridad con las ganas de desmantelar pues, al parecer, se pretende una nueva reforma legal para sectorizar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Un despropósito que implicaría un grave retroceso en los de por sí insuficientes esfuerzos de México por organizar y garantizar la definición, rectoría, coordinación e implementación de políticas públicas transversales y participativas, dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

Para empezar, ambos sistemas tienen facultades y orígenes completamente diferentes. El DIF tiene su fundamento en la Ley de Asistencia Social y es un órgano descentralizado del sector salud, responsable de atender a la población en condiciones de vulnerabilidad, sin la posibilidad legal de articular a dependencias e instituciones.

En tanto, el SIPINNA se basa en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Su responsabilidad es articular el actuar de dependencias federales, estatales y municipales, y en cada ámbito lo preside la más alta autoridad, es decir, el presidente de la República, las y los gobernadores y las y los presidentes municipales.

De hecho, en el proceso de su creación fue necesario reformar el Artículo 73 constitucional, a fin de habilitar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de dichos ámbitos de gobierno en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, “velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte”.

La estructura administrativa del SIPINNA no es onerosa para las finanzas públicas y sí es responsable de velar por que se optimicen los recursos y se eviten duplicidades, además de vigilar que los recursos se dirijan a la atención de niñas, niños y adolescentes.

Alguien podría argumentar que se recorta una estructura administrativa --aún con las relevantes funciones descritas--, pero se incrementa el gasto para resolver lo sustantivo. Lamentablemente no es así.

A las mujeres, como a las niñas, niños y adolescentes en este sexenio, nos sobran las palabras y nos faltan hechos. Somos invisibles para un gobierno federal que no titubeó al recortar recursos que sí existían para atender el cáncer infantil y el que nos aqueja a las mujeres, o al eliminar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el seguro de vida para mujeres jefas de familia, los comedores comunitarios o Prospera, con sus componentes de salud, educación y alimentación.

Nuestras hijas e hijos menores de edad no votan y no exigen, pero como madres sabemos que los daños de la omisión y la crueldad gubernamental son irreversibles. Por eso no podemos callar.

*Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México.

@AnaLiliaHerrera.

¿Cómo les explicamos que no pueden atentar contra la niñez y la adolescencia? ¿Que, aunque no eligen familia ni gobernantes, su contribución a la sociedad o el costo que le representen, dependen de la inversión en su desarrollo?

Hechos, no palabras: la tasa de mortalidad infantil para este año en México, se ubica en 14.4 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, en tanto que las tasas de vacunación con esquema completo en menores de un año de edad, cayó a 77.7% este año, cuando superaba el 94 por ciento en 2018 y ni qué decir de la desnutrición o el abandono escolar crecientes en medio de la pandemia y los austericidios presupuestales.

Pero en tiempos de la cuatroté, siempre es posible empeorar y de nuevo se juntaron la austeridad con las ganas de desmantelar pues, al parecer, se pretende una nueva reforma legal para sectorizar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Un despropósito que implicaría un grave retroceso en los de por sí insuficientes esfuerzos de México por organizar y garantizar la definición, rectoría, coordinación e implementación de políticas públicas transversales y participativas, dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

Para empezar, ambos sistemas tienen facultades y orígenes completamente diferentes. El DIF tiene su fundamento en la Ley de Asistencia Social y es un órgano descentralizado del sector salud, responsable de atender a la población en condiciones de vulnerabilidad, sin la posibilidad legal de articular a dependencias e instituciones.

En tanto, el SIPINNA se basa en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Su responsabilidad es articular el actuar de dependencias federales, estatales y municipales, y en cada ámbito lo preside la más alta autoridad, es decir, el presidente de la República, las y los gobernadores y las y los presidentes municipales.

De hecho, en el proceso de su creación fue necesario reformar el Artículo 73 constitucional, a fin de habilitar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de dichos ámbitos de gobierno en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, “velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte”.

La estructura administrativa del SIPINNA no es onerosa para las finanzas públicas y sí es responsable de velar por que se optimicen los recursos y se eviten duplicidades, además de vigilar que los recursos se dirijan a la atención de niñas, niños y adolescentes.

Alguien podría argumentar que se recorta una estructura administrativa --aún con las relevantes funciones descritas--, pero se incrementa el gasto para resolver lo sustantivo. Lamentablemente no es así.

A las mujeres, como a las niñas, niños y adolescentes en este sexenio, nos sobran las palabras y nos faltan hechos. Somos invisibles para un gobierno federal que no titubeó al recortar recursos que sí existían para atender el cáncer infantil y el que nos aqueja a las mujeres, o al eliminar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el seguro de vida para mujeres jefas de familia, los comedores comunitarios o Prospera, con sus componentes de salud, educación y alimentación.

Nuestras hijas e hijos menores de edad no votan y no exigen, pero como madres sabemos que los daños de la omisión y la crueldad gubernamental son irreversibles. Por eso no podemos callar.

*Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México.

@AnaLiliaHerrera.

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