La pobreza económica y de valores, la violencia, pero también la indiferencia, tienen hoy en grave riesgo a quienes representan la mejor inversión y la esperanza de una mejor sociedad: nuestras niñas y niños.
El panorama es alarmante. Datos de la UNICEF advierten que la violencia que viven las niñas y niños de 0 a 5 años de edad en México, se registra en descuidos, castigos corporales, hostigamiento y violencia sexual, y para cuando llegan al rango de 12 a 17 años, se agregan la violencia por robo, el matrimonio infantil, los suicidios y los homicidios.
Agreguemos las carencias alimenticias, de salud y educativas de nuestros menores, que demandan un papel activo y progresivo de las instituciones del Estado mexicano, para brindarles la oportunidad de un desarrollo integral y una vida digna.
Lo grave es que con omisiones y retrocesos, la actual administración federal acredita que las niñas y los niños no son parte de su agenda, como sí lo son los jóvenes mayores de 18 años, quizá porque ya pueden votar.
La autodenominada “cuarta transformación” quiere llevar a la Constitución en el actual periodo de sesiones sus programas sociales para garantizar su permanencia y mandar un mensaje político a sus beneficiarios, pero ¿por qué hacerse de la vista gorda con el artículo 4º constitucional, que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando plenamente sus derechos y señalando además que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral?
Los ejemplos de esta falta de interés, son numerosos. La desaparición del programa PROSPERA, que protegía a todos los menores de edad y a los jóvenes de hogares en condiciones de pobreza, se sustituyó por una sola beca de 800 pesos mensuales por familia, aunque sin los componentes de salud y educación, ni reglas de operación que den certeza y transparencia.
Durante el sexenio pasado, a través de PROSPERA, también se implementó la Estrategia de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, en la cual se realizaron casi 2 millones de pruebas a niñas y niños menores de 5 años para la evaluación de su desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. La pregunta es si ¿800 pesos alcanzarán para un diagnóstico y atención tempranos?
El principio de interés superior debería guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Sin embargo, Morena y sus aliados no dudaron en desaparecer de un plumazo el presupuesto para estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y, para este 2020, el Presupuesto de Egresos de la Federación disminuyó en más de 33 mil millones de pesos los recursos del Anexo 18: “Recursos Para La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes”, que los asignados en 2018.
No permitamos que la ignorancia o la temeridad de ningún gobierno, atente contra lo más valioso de su sociedad, su esperanza y la semilla que demanda cuidados y protección hoy, para florecer mañana en beneficio de todos: las niñas, niños y adolescentes.
*Diputada federal mexiquense.
Mtra. en Derechos Humanos y Garantías.
@AnaLiliaHerrera
