La Real Academia Española define quimera como “aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo”, tal como ocurre en este sexenio con la educación superior en México, vista como una herramienta clientelar, que no beneficia a la juventud, pero tampoco al magisterio
Interesados en coptar electoralmente a la juventud mexicana mediante becas y bajo la consigna de “no más rechazados”, Morena, su gobierno y sus aliados en el Congreso, se empeñaron en que la reforma constitucional de 2019 en materia educativa, incluyera la obligatoriedad y la gratuidad de la Educación Superior y, a exigencia de la oposición, agregaron la creación de un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizarla.
De forma enunciativa, más que normativa, se aseguraron de reconocer en la Constitución a las maestras y los maestros “como agentes fundamentales del proceso educativo y su contribución a la transformación social”, otorgándoles en el papel el “derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización”.
Lamentablemente, los hechos son totalmente opuestos. A la mitad del sexenio, sigue habiendo jóvenes rechazados en su intento por acceder a las instituciones de educación superior, por la sencilla razón de que éstas no han recibido incremento presupuestal alguno; no se ha creado el fondo especial federal al que se comprometieron y Morena y sus aliados han recortado como nunca en la historia, los recursos para capacitación del magisterio.
Pero en el colmo de la incongruencia, el único proyecto de educación superior que impulsa el gobierno federal, que son las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, hoy es señalado por despidos injustificados a más de 150 maestras y maestros que exigen el reconocimiento de sus derechos laborales, la reinstalación de todas y todos los profesores y asistentes académicos que fueron removidos, seguridad social conforme lo marca la Ley, cese a los descuentos y retenciones indebidas de jornadas trabajadas, reconocimiento de su antigüedad laboral, pago de jornada laboral completa y libertad de cátedra.
En respuesta, la propia directora del programa reconoció que las universidades en comento funcionan con “un programa de subsidios que no contempla la contratación de profesores, ya que, en la retribución económica, los docentes son considerados beneficiarios sociales”. Si no hay contratos, justifica, tampoco despidos.
Ya antes, las instalaciones y los programas de las Universidades Benito Juárez han sido cuestionados por no garantizar una preparación competitiva y ahora la pregunta que surge, es si los mejores profesores acudirán a impartir clases bajo esos niveles de incertidumbre laboral o si el objetivo real del gobierno federal es brindar educación “patito” a la juventud de escasos recursos.
Por ese motivo, esta semana presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, a fin de que las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, revisen de manera urgente los lineamientos para brindar certeza jurídica a sus puestos de trabajo garantizando la estabilidad institucional de dicho programa.
Decía Benjamín Franklin que mejor que lo bien dicho, es lo bien hecho. Si hay una lucha que el actual gobierno dice encabezar, es por los derechos de las maestras y maestros, así que llegó el momento de actuar en consecuencia. De lo contrario, estamos frente a una más de sus quimeras.
*Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera.
