Que quede claro: la reforma constitucional impulsada por la pasada administración federal en 2013, obligó al Estado a garantizar a los mexicanos el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
Fue uno de los aspectos centrales de la famosa reforma de telecomunicaciones y vale la aclaración, porque en días pasados nos enteramos que el gobierno federal dio por terminado el contrato de servicio de internet que otorgaba a través de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA) a universidades del país, la cual brindaba servicio a 35 sedes y campi de la UNAM en la república.
En la era de la tecnología y la información, tener internet de calidad es una necesidad, no un lujo. La Red NIBA brinda a las instituciones públicas la oportunidad de conectarse para compartir bases de datos, imágenes telescópicas, journals académicos y comunidades de investigación, entre otros, además de brindar servicios de internet en mil 300 sitios.
En esta red se encuentran todas las universidades públicas, los tecnológicos y otras instituciones de educación superior, además de hospitales de alta especialidad, los centros del CONACyT, así como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), solo por mencionar algunas.
Sorprende que el presidente de la República responda a la defensiva, cuando su administración cumplió ya ocho meses más un largo periodo de transición: “Les informo, el 75 por ciento del territorio nacional no tiene internet, ¿y por qué no se ha reclamado eso?” También pidió a los periodistas: “nada de chantajes, hay que aguantar (…) véanlo con calma y vean de parte de quién (…) quieren mantener privilegios en contratos y ya no se puede”.
La semana pasada presenté un exhorto junto con mi compañera Dulce María Sauri, para que el gobierno federal informe al Congreso todo lo relativo a la licitación correspondiente y las afectaciones que ha causado con tan severa omisión que, solo en el caso de la UNAM, representa el 54.24 por ciento de su capacidad de conexión a internet.
Curiosamente, el mismo día de la comunicación de la UNAM, el gobierno federal publicó en internet “el fallo” de la presunta licitación pública nacional electrónica correspondiente, sin que lo hiciera –como marca la ley-- en el Diario Oficial de la Federación.
Estamos frente a un gobierno que promete conexión a internet como si fuese idea suya, cuando es un mandato legal al que está obligado; que sigue con el argumento del combate a la corrupción, pero que mantuvo a Televisa como proveedor y sumó a Telmex y Grupo Salinas, lo cual no tiene nada de malo, pero sería bueno que también saliera a aclarar que no fue corrupción, sino la responsabilidad de un equipo que no licitó en tiempo y forma.
El riesgo es inminente: a este paso, el gobierno federal se convertirá en víctima de su propia ineficiencia, pues repartir culpas, victimizarse, incumplir la ley u ofertar como ideas propias derechos que ya tenemos los mexicanos, son lujos que puede darse un candidato, nunca un gobernante.
*Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada Federal del Estado de México.
