/ lunes 22 de marzo de 2021

Mirada Empresarial | ¿El Estado es él?

La historia de México da cuenta de la tradición y empatía de los mexicanos por vivir en un país democrático, en el que la división de poderes sea una realidad y en el que se anule la posibilidad de que cualquiera de los 3 poderes emanados de la Constitución tenga un mayor peso o una atención prioritaria.

La Constitución Política, como ley suprema del país establece y regula la necesidad de que México cuente con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que actúan como contrapesos entre sí; protegiendo y garantizando las libertades individuales.

Ante estos antecedentes, preocupa la reciente propuesta de la bancada Morenista y en particular de la Diputada Celeste Ascencio, que plantea la modificación de la Constitución con el pretexto de evitar que el juicio de amparo sea empleado para obstaculizar "el funcionamiento de las empresas productivas del Estado".

Propuesta que desatiende la esencia de la democracia mexicana que regula que las decisiones no se concentren en una sola persona o institución mediante una autorregulación y el funcionamiento de un sistema de contrapesos y equilibrios. Esta propuesta atenta contra el equilibrio del estado mexicano en todas sus formas.

Esta forma de pensamiento facilita el empleo de la presión por parte del Ejecutivo contra los Poderes Legislativo y Judicial, promoviendo un sistema de gobierno que se asemeja más a una dictadura, en el que las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo no se discuten y se ejecutan a voluntad de su titular.

Al igual que cientos de analistas, especialistas y actores de la vida pública del país, desde el sector económico, lamentamos esta forma de conducirse por parte del Titular del Ejecutivo Federal, quién ha señalado, en un tono de soberbia y autoritarismo, que si los jueces y representantes del Poder Judicial continúan otorgando amparos o determinaciones que frenen sus iniciativas, se solicitará una Reforma Constitucional para que las propuestas no sean detenidas.

Se han olvidado, o han preferido pasar desapercibido que la Constitución consagra los derechos de los ciudadanos, entre ellos el poder de ser defendidos por una autoridad máxima a través de juicios de amparo, para que ninguna decisión o autoridad atente o trasgreda los lineamientos establecidos en la Constitución.

Como ciudadanos exhortamos al Presidente de la República a que, como representante de una nación democrática se apegue a los lineamientos constitucionales que garantizan un auténtico estado de derecho.

No respetar e ignorar los procesos legislativos, así como las disposiciones constitucionales, atentan como la democracia, en reiteradas ocasiones el Presidente ha señalado “al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”; es tiempo de ponerlo en práctica.

La historia de México da cuenta de la tradición y empatía de los mexicanos por vivir en un país democrático, en el que la división de poderes sea una realidad y en el que se anule la posibilidad de que cualquiera de los 3 poderes emanados de la Constitución tenga un mayor peso o una atención prioritaria.

La Constitución Política, como ley suprema del país establece y regula la necesidad de que México cuente con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que actúan como contrapesos entre sí; protegiendo y garantizando las libertades individuales.

Ante estos antecedentes, preocupa la reciente propuesta de la bancada Morenista y en particular de la Diputada Celeste Ascencio, que plantea la modificación de la Constitución con el pretexto de evitar que el juicio de amparo sea empleado para obstaculizar "el funcionamiento de las empresas productivas del Estado".

Propuesta que desatiende la esencia de la democracia mexicana que regula que las decisiones no se concentren en una sola persona o institución mediante una autorregulación y el funcionamiento de un sistema de contrapesos y equilibrios. Esta propuesta atenta contra el equilibrio del estado mexicano en todas sus formas.

Esta forma de pensamiento facilita el empleo de la presión por parte del Ejecutivo contra los Poderes Legislativo y Judicial, promoviendo un sistema de gobierno que se asemeja más a una dictadura, en el que las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo no se discuten y se ejecutan a voluntad de su titular.

Al igual que cientos de analistas, especialistas y actores de la vida pública del país, desde el sector económico, lamentamos esta forma de conducirse por parte del Titular del Ejecutivo Federal, quién ha señalado, en un tono de soberbia y autoritarismo, que si los jueces y representantes del Poder Judicial continúan otorgando amparos o determinaciones que frenen sus iniciativas, se solicitará una Reforma Constitucional para que las propuestas no sean detenidas.

Se han olvidado, o han preferido pasar desapercibido que la Constitución consagra los derechos de los ciudadanos, entre ellos el poder de ser defendidos por una autoridad máxima a través de juicios de amparo, para que ninguna decisión o autoridad atente o trasgreda los lineamientos establecidos en la Constitución.

Como ciudadanos exhortamos al Presidente de la República a que, como representante de una nación democrática se apegue a los lineamientos constitucionales que garantizan un auténtico estado de derecho.

No respetar e ignorar los procesos legislativos, así como las disposiciones constitucionales, atentan como la democracia, en reiteradas ocasiones el Presidente ha señalado “al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”; es tiempo de ponerlo en práctica.

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