Todos los empresarios mexiquenses y los empresarios nacionales y extranjeros asentados en la entidad, tenemos la firme convicción y el profundo interés de poner nuestro granito de arena para generar el mayor beneficio posible para las y los mexiquenses, todo ello a partir de la creación de empleos bien remunerados que generen desarrollo en todas las regiones del Estado de México.
Es por ello que como sector empresarial no podemos estar de acuerdo ni apoyar la propuesta que surgió al interior de la Legislatura Mexiquense que permitirá la sustitución del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) por un Dictamen de Giro operado por cada uno de los 125 ayuntamientos.
Visualizamos a corto plazo la complicación paulatina de un procedimiento que desde hace años opera y el cual tendrá que adaptarse a las nuevas reglamentaciones, cambios que a todas luces son erróneos.
La importancia de la mejora regulatoria es la desregulación, es decir, se debe optimizar el funcionamiento de los trámites y servicios para el ciudadano, a partir de esta nueva postura, se vislumbran trámites complicados y engorrosos, esta propuesta lejos de facilitar el andamiaje legal para la ciudadanía, lo volverá más complicado.
Mientras que al día de hoy sólo es necesario realizar 2 pasos; la generación de los dictámenes estatales, facultad exclusiva del ejecutivo estatal y la posterior solicitud de la licencia de funcionamiento, de construcción o de uso de suelo realizada por los ayuntamientos. Ahora será obligatorio la realización de más trámites y papeleos.
Se mantienen los dictámenes estatales, sin embargo, será necesario un nuevo procedimiento denominado dictamen de giro y los municipios serán los encargados de dar la autorización de continuar con el trámite, subiendo la solicitud a una comisión municipal para que esta dé luz verde a los dictámenes emitidos previamente por el estado, se envía a cabildo para autorizar la licencia de construcción, funcionamiento o de cambio de uso de suelo.
¿Suena complicado, pesado, enredado o aburrido? Esto es solo el inicio.
Un punto por demás delicado, es la facultad discrecional de la que gozará el presidente municipal, quien a libre decisión, permitirá la continuación o cancelación del trámite, atentado gravemente contra una facultad reglada.
Toda facultad no reglamentada y discrecional conlleva a la poca o nula certeza jurídica del andamiaje o del actuar de las autoridades.
Cuesta trabajo comprender cómo la Legislatura complicará el andamiaje legal de la tramitología en temas de desarrollo económico, siendo que la mejora regulatoria busca todo lo contrario.
Esta propuesta es un ataque directo para el desarrollo económico, la generación de riqueza y sobre todo la generación de empleos en el territorio mexiquense.
