¿Es moral ajustar una norma a costa de la seguridad de las personas, con tal de tratar de enmendar un “error” o bien, en aras de combatir la corrupción que existe en torno al robo de combustible?
En los últimos meses, el gobierno federal alude una y otra vez a la moral, ya sea para justificar su actuar o para condenar el de otros. Desde su perspectiva, la ley es solo un detalle que puede ajustarse para autorizar, por ejemplo, el uso de llantas supersencillas, en sustitución de las dobles que exige la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, para la circulación de vehículos de autotransporte de materiales y residuos peligrosos, como son las pipas que transportan gasolina.
Bajo esa lógica, el presidente de la República justificó la compra de pipas con un costo superior a los 85 millones de dólares sin licitación pública y convocatoria abierta como marca la ley, argumentando que él y su equipo “no tienen problemas de conciencia, porque no son corruptos”, además de la prisa frente al desabasto de gasolina que produjo una acción necesaria y bien intencionada: el combate al robo de combustible.
La semana pasada, la mayoría que lidera Morena en la Cámara de Diputados se negó a discutir el exhorto que hicimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que hiciera públicos los criterios, estudios y análisis técnicos que determinaron la autorización del uso de llantas supersencillas.
Se opusieron también a hacer públicos los contratos de compra, el cronograma de entrega y la estrategia de circulación de las pipas adquiridas por el gobierno mexicano para distribuir combustible que solicitamos. Acaso, ¿hay algo que ocultar?
Transportar gasolina en pipas o carros tanques, es 14 veces más costoso que hacerlo por ductos, más lento y riesgoso, pero además, la llegada al país de los nuevos vehículos, evidenció que no cumplen los lineamientos requeridos, lo que significaría un peligro para la integridad de los operadores, los usuarios de las carreteras federales y la población en general.
Así, la “autoridad moral” se impuso nuevamente y la SCT emitió un acuerdo que viola la norma sobre especificaciones de camiones de carga, pero que permite la circulación de las nuevas pipas.
En apenas unos meses, el presidente de México y sus legisladores han modificado leyes para otorgar nombramientos a modo como en el caso del Fondo de Cultura Económica; eliminar la obligatoriedad de experiencia y preparación en el desempeño de un cargo público y ahora emite un acuerdo para justificar sus “errores” u omisiones a costa de nuestra seguridad.
La moral es un requisito indispensable en el ejercicio público, pero no exime de la responsabilidad y el conocimiento necesarios que debe allegarse cualquier funcionario, para tomar decisiones eficaces, eficientes y responsables con nuestros impuestos. La lealtad a una persona no puede estar por encima de los resultados a un pueblo que merece soluciones.
*Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada Federal del Estado de México.
