Las protestas por el aumento a la tarifa de transporte colectivo han provocado reacciones del secretario de movilidad que en vez de tranquilizar tanto a usuarios como a choferes, han generado más caos y confusión, debido a que no se han establecido acciones firmes, planeadas y supervisadas, pero sobre todo porque no se han realizado con claridad y transparencia.
Es cierto que en acciones de gobierno lo más difícil es la implementación, sea una política pública o una decisión gubernamental. Por ello, en gestión y políticas públicas en entornos democráticos, se planean escenarios posibles, nunca controlables debido a la cantidad de actores, intereses, contextos, pero alternativas que frente a un conflicto ofrezcan a los actores posibilidades de diálogo. En los escenarios debe tratar de tomarse en cuenta el cambio en las estrategias y estar abiertos a las críticas y los ajustes en las decisiones.
Lo que resulta muy contraproducente es que se reaccione frente a un hecho sin tener las estrategias que lo sustenten. En el caso del transporte ha generado caos que frente a las manifestaciones sociales el secretario de movilidad haya señalado que finalmente el aumento entrará en vigor hasta febrero (para ayudar a las familias! Cuando para ayudar a las familias habría que no aumentar, o aumentar menos o diferenciadamente). Señaló también que de aquí a esa fecha quien quiera pagar 12 pesos estará bien, y que los choferes pueden recibir 10 o 12 pesos, según el criterio del usuario. ¿Habrá pensado el secretario las consecuencias de una decisión con tal grado de improvisación? ¿Se da cuenta el secretario que es una decisión pública y no asunto doméstico?
Este es un claro ejemplo de falta de regla que ha puesto en conflicto los intereses de los usuarios y los choferes, que puede tener consecuencias violentas. Cuando se toma una decisión, los mecanismos formales cobran mucha importancia porque es la referencia para todos los afectados, el sustento legal y político para el cumplimiento obligatorio, y el medio para proteger y garantizar derechos.
Cuando no hay reglas claras, ni comunicación transparente, ni medios para monitorear su cumplimiento, se genera caos porque cada quien interpreta las decisiones de acuerdo a sus intereses. Cuando la autoridad deja al criterio de los actores involucrados el cumplimiento de las decisiones se generan conflictos que la autoridad está obligada a evitar porque cuenta con legitimidad legal para hacer cumplir la regla y ser el árbitro en el caso de disputa.
La Secretaría de Movilidad parece que al momento de tomar la decisión del aumento de tarifa no consideró la oposición a la medida y alternativas para enfrentarla, pero ante los acontecimientos deberían tomarse el tiempo de generar opciones claras y transparentes para los involucrados y afectados en la decisión, escuchando a los diferentes actores, pues no se debe olvidar que cualquier acción afecta la vida de todos.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología
Profesora-Investigadora El Colegio Mexiquense, A.C.
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