En el Estado de México se celebran foros de consulta ciudadana para la integración de la política anticorrupción del Estado de México y Municipios. Según las disposiciones legales, los estados deben generar, con base en la Política Nacional, sus políticas públicas locales. Los cuatro ejes sobre los que se participa son los mismos que establece la política nacional: Combatir la Corrupción, Controlar la Arbitrariedad, Involucrar a la Sociedad y Fortalecer las interacciones Gobierno-Sociedad.
De las ideas que se presenten en estos foros, más otras actividades del Secretariado Técnico del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, deberán surgir las acciones de política, sus instrumentos jurídico-políticos, los recursos y los responsables de la aplicación de la política. Es una tarea difícil si consideramos que la actual política nacional no parece encontrarse todavía con las ideas del nuevo gobierno federal. Por ello, más que discutir los cuatro ejes propuestos a nivel nacional, se podrían analizar los retos locales.
Por ejemplo, considerar la visión del gobierno federal y analizar cómo puede ayudar u obstaculizar los esfuerzos realizados hasta la actualidad. Otro factor poco discutido en es la coordinación.
El punto central de la política anticorrupción ha sido el intento por articular a los distintos actores relacionados con el combate a la corrupción (fiscalías, contralorías, juzgados administrativos, entre otros) para que las acciones no se dispersen y al engranarse puedan tener impactos más eficaces sobre este fenómeno. Sin embargo, se ha perdido de vista que la coordinación es uno de los elementos de la administración pública más difícil de lograr, debido a que desde la teoría organizacional, los actores de las diversas dependencias son personas que poseen valores y creencias que no necesariamente corresponden con las disposiciones normativas.
Por eso, en los foros regionales además de presentar ideas sobre los ejes de la política nacional anticorrupción, deberían abordarse problemas de su implementación con las características específicas del Estado de México, la coordinación es uno básico. Pero hay otros, como la falta de expertise y capacidades técnicas para enfrentar las tareas que las nuevas políticas imponen. En México las acciones anticorrupción son nuevas y no se cuenta con el personal especializado, por lo tanto, discutir cómo se conseguirá es un problema de implementación fundamental que debería analizarse seriamente.
Por último, revisar los formatos para la presentación de ideas, pues no se trata de repetir esquemas que hacen cubrir requisitos de “participación”, pero que no se sabe qué tratamiento y seguimiento se realiza. Puesto que la política anticorrupción es una idea novedosa, deberían incluirse en su discusión las propuestas, los retos, pero sobre todo los problemas de implementación.
Profesora-Investigadora de El Colegio Mexiquense, A.C.
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