Generar mecanismos que ayuden a combatir la corrupción ha sido una tarea desde los años ochenta de los gobiernos en México, tanto si se ha tratado de presiones internacionales, como si se ha tratado de presiones internas (periodistas, academia, sectores de la sociedad civil y parte del empresariado). Los diversos mecanismos han mostrado sus fallas y algunos pequeños logros. En todo caso se ha tratado de intentos por reducir el abuso del interés y recursos públicos en beneficio privado.
El último de esos intentos ha sido el Sistema Nacional Anticorrupción y sus correlativos estatales y en el Estado de México y otras entidades, también sistemas municipales. Vigentes desde 2018, estos sistemas se crearon con la intención de coordinar a las diferentes instancias relacionadas con el control de recursos, investigación de casos de corrupción y ejecución de sanciones.
Sin embargo, su desempeño no ha estado acorde con las expectativas. Varios problemas se han presentado que van desde la complejidad organizacional que representan, como la heterogeneidad social y política en cada entidad. La estructura de estos sistemas establece que los presidentes de los Consejos de Participación Ciudadana (CPC), en principio ciudadanos, son los encargados de coordinar las diversas instancias. Pero la coordinación no se ha dado.
En casi todos los estados del país ha habido premura en su conformación, poca visibilidad y falta de conexión entre los miembros y actores de la sociedad, perfiles muy diversos y falta de legitimidad. La sociedad poco conoce de estos sistemas y los sistemas han tenido muy poca claridad sobre sus mandatos.
En el caso del Estado de México, apareció una nota que da cuenta del gasto que realizó el Sistema Anticorrupción en 2019: más del 50% de los recursos destinados a pagos de salarios, compensaciones, prestaciones. Y pese a que estos mecanismos requieren recursos, lo que no es claro es que cueste tanto y que no haya resultados para la sociedad. Por ejemplo, en este período de pandemia, no hemos visto a ningún representante del CPC acompañar adquisiciones para hospitales, o en sus páginas electrónicas mostrar los mecanismos de rendición de cuenta se han establecido para la atención de la crisis. Al contrario, su página está obsoleta.
Adicionalmente existe el problema de la autonomía de los CPC. En una investigación reciente que realiza World Justice Project sobre los sistemas estatales anticorrupción, se menciona que en el estado de México los perfiles de los miembros del CPC son de funcionarios o exfuncionarios vinculados al gobernador y algunos representantes del sector privado.
Los problemas de corrupción en el país y la entidad necesitan acciones concretas, entregables y resultados urgentes. Los sistemas anticorrupción no se crearon para tener una instancia “más” en la lucha anticorrupción, sino para impulsar estrategias y ofrecer resultados concretos. Los poco resultados generarán mayor desconfianza y deslegitimidad.
Profesora-Investigadora El Colegio Mexiquense, A.C.
Comprometida con la trasparencia y rendición de cuentas
Aficionada a la literatura y a la historia
Twitter @CadenaInostroza
