Abstenerse de hacer algo que corresponde por mandato legal o ético es ser omiso: no importa si fue descuido o negligencia, lo grave es que la falta afecta a terceras personas y tratándose de acortar las enormes brechas de desigualdad que persisten entre hombres y mujeres, preocupa estar frente a una dimisión inadmisible.
Me explico. El pasado 13 de agosto, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la armonización de las reformas legislativas en materia de paridad transversal y violencia política en razón de género, luego de un proceso donde decidimos participar diversas instituciones, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, y donde reconocemos, hubo apertura para escuchar e incluir muchas de las propuestas de consenso que presentamos los colectivos 50 más Uno Capítulo Estado de México, Red de Mujeres en Plural y Las Constituyentes Feministas CDMX, entre otros.
Si bien el proceso legislativo implica escuchar, construir y aprobar una norma, hay que aclarar que no termina ahí: para que una ley entre en vigor, requiere ser publicada y tratándose de una reforma a la Constitución local, primero debe aprobarse por la mayoría de los 125 cabildos municipales y en el caso de aquellas que inciden en una reforma electoral esto debe ocurrir, al menos, 90 días antes del inicio del proceso electoral.
Hablamos de una reforma trascendental para la entidad más poblada del país, ya que permitirá a las mujeres mexiquenses contar con los mecanismos de acceso a la mitad de los puestos de toma de decisiones en los gobiernos municipales y el estatal, pero también a los poderes Legislativo y Judicial, y en el caso de la violencia política en razón de género, tener las medidas necesarias para evitar la impunidad de quienes la ejercen.
Con base en el artículo 105, fracción II de la Constitución Política de nuestro país, las reformas referidas deben ser aprobadas y publicadas (para el caso del Estado de México), a más tardar el 30 de septiembre del presente año, pues establece que: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Luego del consenso alcanzado en la armonización local de estas normas que ya son vigentes en el ámbito federal, dejar trunco el proceso electoral sería dimitir a una deuda añeja con las mexiquenses y renunciar al logro vanguardista alcanzado para que quienes contiendan por un cargo de elección popular, no sean deudores de pensión alimenticia, ni agresores físicos o sexuales contra nosotras.
Extraña por tanto la opacidad en el proceso legislativo. En la página oficial del Congreso del Estado de México, a la fecha no aparece publicado el dictamen aprobado y las únicas dos referencias son la del orden del día de la sesión del 13 de agosto y el 20 de agosto, en el Diario de los Debates, la relatoría en el apartado correspondiente al Acta de la sesión anterior, donde se da cuenta de las votaciones y de la instrucción de la Mesa Directiva para que ambas reformas a la Constitución y a diversas leyes secundarias, sigan el turno legislativo correspondiente.
Las mujeres no daremos marcha atrás en la exigencia de una sociedad paritaria y libre de violencia donde se respeten a cabalidad nuestros derechos y se sancione a quienes los transgredan. Para lograrlo, estamos unidas más allá de filiaciones partidistas, por lo que el día de ayer exhortamos al Congreso del Estado de México, al Gobierno Estatal y a los 125 Ayuntamientos, a que en el marco de sus respectivas competencias refrenden con hechos el compromiso que han expresado, a fin de que las leyes referidas sean realidad a tiempo para el periodo electoral 2021.
