Las acciones afirmativas, como medidas de carácter temporal cuya finalidad es reducir las brechas de desigualdad que diferentes personas aún viven respecto del pleno reconocimiento de sus derechos humanos, son un gran déficit que en materia electoral priva en el Estado de México.
Desde las mujeres que experimentan violencia, las mujeres indígenas que reprochan solo ser usadas para llevar votos a las urnas y exigen espacios de postulación, hasta la comunidad de la diversidad sexual que expresan ser considerados en lugares donde nunca ganarían por ser espacios no competitivos por quienes los postulan o la comunidad afrodescendiente que apenas comienza a ser visibilizada; todos ellos en franca violación de muchos de sus derechos humanos, entre los que destacan, sus derechos político- electorales.
Hoy centraré su atención, amable lector, lectora o lectore en las personas que cuentan con una discapacidad y que durante años han tenido que dar una gran lucha por ser no solo reconocidos sino dejar de ser vistos con un ánimo de asistencialismo; además debemos reconocer que nosotros mismos hemos levantado barreras que en ocasiones resultan infranqueables para quienes forman parte de esta comunidad.
En la última mesa de reflexión que se generó en el IEEM a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que hasta el día presido, contamos con la presencia de 2 testimonios: Angélica compañera del IEEM, quien dio cuenta de cómo sería nuestro mundo si la mayoría fueran ellos y nosotros la minoría: “tal vez chocaríamos con los marcos de las puertas”, expresó; hemos hecho un mundo sin considerar los requerimientos de quienes viven con alguna discapacidad.
No solo ello, Ernesto Martín Rosas Barrientos, quien es miembro de CONFE, explicó que lo que requieren es tener espacios en la vida pública, en los ámbitos de representación popular, que permitan generar políticas públicas desde su mirada y experiencia.
Hay un avance en el ámbito federal en donde el INE obligó a través de una acción afirmativa a postular 6 fórmulas de personas con discapacidad como candidatas a una diputación federal en cualquiera de los 300 distritos electorales por el principio de mayoría relativa y 2 fórmulas por el principio de representación proporcional en cualquiera de las 5 circunscripciones electorales y dentro de los primeros 10 lugares de la lista respectiva, de manera paritaria.
Estos avances, como lo refirió Claudia Zavala, quien es Consejera Electoral del INE, debe replicarse en las entidades federativas.
El IEEM aún no genera ninguna acción afirmativa, pero es claro que no podemos continuar sin atender una responsabilidad que tenemos: garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía mexiquense. En la entidad, cerca de 2 millones de ciudadanos cuentan con una discapacidad. No puede seguir pasando desapercibido el tema.
