Tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales son solo algunas violaciones de derechos humanos que un gran número de mexicanos y mexicanas viven día a día.
En el caso de la primera, los golpes, la asfixia, las amenazas, los insultos hasta llegar a las descargas eléctricas en genitales, los tocamientos y la violación sexual son solo algunos de los métodos utilizados por diferentes agentes en distintos contextos que lamentablemente se hacen cada vez más cotidianos para la ciudadanía.
Ello no significa que las cosas deban mantenerse así. Es importante tener claro que en el régimen democrático en el que nos encontramos las instituciones juegan un papel sumamente importante para poder atender, investigar y reparar el grave daño que sufren mujeres, hombres, niños y personas de la diversidad sexual que son víctimas de estos crímenes de lesa humanidad.
Instituciones como las comisiones de derechos humanos fueron creadas justamente como una forma de control del poder, para investigar las violaciones de derechos humanos que son cometidas lamentablemente por diversas autoridades del Estado.
En México contamos con una Comisión Nacional de Derechos Humanos y en cada una de las entidades existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos. La pregunta obligada es si han cumplido con su cometido y con el fin para el que fueron creadas: investigar y emitir recomendaciones que verdaderamente frenen las terribles violaciones de derechos Humanos.
Estudios académicos como el elaborado por el CIDE ratifican lo que el informe de Human Right Watch desde 2008 puso de manifiesto: parte de la ineficacia de estas instituciones es porque 1) hay una nula relación con ONG’s que sí hacen defensa de los derechos humanos con poco o nada de presupuesto, 2) el formulismo jurídico por encima de la defensa de derechos humanos y 3) ausencia de autonomía que está relacionada con la forma de elección de su titular.
Este estudio revela que es sumamente oportuno y optimo que quien sea titular de estas instituciones sea alguien que tenga una verdadera formación en la defensa de los derechos humanos, alguien que goce de reconocida autoridad moral y por supuesto que sea un o una defensora o defensor de derechos humanos en la vida práctica. Solo alguien así puede darle certeza y verdadera autonomía.
En el Estado de México durante el año 2021 se han emitido 7 recomendaciones ninguna es sobre tortura o desapariciones forzosas ¿será que afortunadamente no existen ninguna de ellas? Tlatlaya y Atenco son casos que lastiman y duelen a la sociedad sin contar los que no se denuncian.
Titular igual al grado de autonomía de la institución, eso dicen los estudios, ustedes que opinan.
