El pasado jueves 25 de abril vencía el plazo para que las fuerzas políticas presentaran ante el IEEM sus solicitudes de registro de las postulaciones que harían de candidatos y candidatas a las diputaciones al Congreso local, presidencias de Ayuntamientos y sus respectivas planillas. En estas estaban obligados a postular a personas que pertenecieran a grupos históricamente discriminados: comunidad LGBTTIQ+, personas con discapacidad permanente, afromexiquenses y personas de comunidades indígenas.
La recepción de solicitudes fue del 10 al 19 de abril, en caso de alguna subsanación tenían hasta el 25 de abril. Fue una tarea ardua para las más de 170 personas que se dispusieron y cuya carga se incrementó exponencialmente durante los 2 últimos días de vencimiento para el registro de los partidos políticos que participan en diferentes formas asociativas como son la candidatura común y las coaliciones.
De acuerdo al calendario aprobado, las campañas iniciarían el 26 de abril y así fue con la salvedad de que en Consejo General solo pudimos aprobar en esa primera sesión de la madrugada del viernes, los registros de mujeres, toda vez que la Dirección de Partidos Políticos reportó incumplimiento por parte de las fuerzas políticas a: 1) el principio constitucional de paridad en las postulaciones y 2) a las postulaciones de miembros de grupos históricamente discriminados, es decir, falta en las acciones afirmativas.
Ante esa situación y en aras de garantizar el derecho de ser votadas, se tomó la decisión de aprobar las candidaturas de mujeres quienes pudieron iniciar campañas en cuanto fue aprobado el acuerdo, se dio un plazo de 16 horas para dar cumplimiento y el consejo sesionó de nuevo al filo de las 3 am del mismo sábado para aprobar las candidaturas de diputaciones por el principio de mayoría relativa que fueron las primeras en ser subsanadas pues en ellas debía haber 2 postulaciones de acciones afirmativas y una de ellas tenía que ser en el bloque de alta competitividad.
El consejo ¿fallo? No, como Consejera Electoral Ciudadana expreso lo que nuestra Carta Magna establece: es obligación de todas las autoridades del Estado mexicano promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas entre los cuales se encuentran los político-electorales de personas afromexiquenses, LGBTTIQ+, con discapacidad permanente y pertenecientes de comunidades indígenas
El porcentaje exigido fue mínimo, sobre todo si se consideran las cifras que se tienen de estos grupos y la gran brecha de desigualdad que ha existido al no ser parte de espacios de toma de decisiones y donde se ejerce el poder.
De la revisión que hice me pude percatar que existían faltas importantes en acreditación de la adscripción calificada, es decir documentos originales de los certificados médicos que avalaran la discapacidad de quien postulaban o cartas de organizaciones civiles de comunidades indígenas, pero no de las autoridades que se solicitaban como requisito.
Todo ello derivó en generar nuevos requerimientos en el acuerdo que se votó a las 7:30 am. Las listas ya son públicas y sujetas al escrutinio de la ciudadanía a la que además tendrán que dirigirse para expresar el contenido de sus plataformas electorales y finalmente el 2 de junio en las urnas la ciudadanía apoyará o castigará, como dicen muchos expertos en política.
Lamentablemente tanto en las acciones afirmativas como en la paridad persisten las resistencias y es notable el alejamiento que existe con estos grupos, algo que debe ser modificado si se le apuesta a la construcción de verdadera democracia en la entidad.
Se han conocido en el país casos de trampas y fraude en las acciones afirmativas, en la entidad eso solo se sabrá si existen señalamientos que esos mismos grupos hagan y por supuesto si el consejo general revisa acuciosamente la documentación y lo expresa.
