/ lunes 25 de enero de 2021

Otra Mirada | Mujeres indígenas: deuda histórica


En un Estado que se considera democrático, garantizar los derechos humanos de grupos que han sido discriminados por siglos es una obligación más aún cuando uno de esos grupos son mujeres y son indígenas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, la población indígena se encuentra entre los grupos más discriminados del país, 65% de la población considera que a las personas indígenas se les respeta poco o nada sus derechos.

La discriminación esta relacionada con la desigualdad. El tema cobra mayor relevancia si hablamos de mujeres que enfrentan una triple discriminación por ser mujeres, indígenas y la mayoría de ellas en situación de extrema pobreza.

Mujeres mazahuas, Otomís, Nahuas, Matlatzincas y Tlahuicas forman parte de la diversidad cultural y carácter pluriétnico del Estado de México, viven en su mayoría en los municipios de Toluca, Atlacomulco, Temascalcingo, Metepec, San Felipe del Progreso, Temoaya, San José del Rincón e Ixtlahuaca, y con presencia en prácticamente los 125 municipios.

Las mujeres indígenas se ocupan de las labores de cuidado y crianza pero también trabajan duro en las actividades agrícolas, artesanales y comerciales que les permite tener recursos para subsistir.

Participan activamente en las mayordomías, sociedades de padres de familia y faenas o tequio como le llaman al trabajo obligatorio comunitario sin remuneración, sin embargo, están ausentes en los espacios de decisión, esos lugares siguen ocupados por hombres resultado de relaciones de poder inequitativas en donde permea el autoritarismo y los condicionamientos socio-culturales no han cambiado.

La población indígena equivale al 17% de la población de la entidad mexiquense, más del 51% son mujeres. Muchas han sido participes en luchas para reivindicar los derechos colectivos de sus comunidades, el costo ha sido muy alto, minimizado y en algunos casos nulificado.

Las instituciones y las autoridades no pueden ser ajenas a este tema, el artículo 1º constitucional obliga que se garantice la participación efectiva de las poblaciones indígenas en los espacios de toma de decisión, sus derechos humanos y su derecho a la libre determinación.

En la actualidad las reformas de paridad en todo y la eliminación, erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género debe poner en el centro de discusión a las mujeres indígenas y su inclusión en los espacios públicos.

Su visión, su mirada, lo que viven y enfrentan día a día al ser parte de los espacios donde se toman decisiones trascendentes hará que se generen políticas publicas diferentes tal y como sucede ya en el ámbito federal.

Se requiere la implementación de medias afirmativas para corregir la histórica condición de desigualdad.

Necesitamos alcanzar y materializar una igualdad sustantiva verdadera. Una vez que ocupen esos espacios toca ver que los ejerzan libres y sin violencia.


En un Estado que se considera democrático, garantizar los derechos humanos de grupos que han sido discriminados por siglos es una obligación más aún cuando uno de esos grupos son mujeres y son indígenas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, la población indígena se encuentra entre los grupos más discriminados del país, 65% de la población considera que a las personas indígenas se les respeta poco o nada sus derechos.

La discriminación esta relacionada con la desigualdad. El tema cobra mayor relevancia si hablamos de mujeres que enfrentan una triple discriminación por ser mujeres, indígenas y la mayoría de ellas en situación de extrema pobreza.

Mujeres mazahuas, Otomís, Nahuas, Matlatzincas y Tlahuicas forman parte de la diversidad cultural y carácter pluriétnico del Estado de México, viven en su mayoría en los municipios de Toluca, Atlacomulco, Temascalcingo, Metepec, San Felipe del Progreso, Temoaya, San José del Rincón e Ixtlahuaca, y con presencia en prácticamente los 125 municipios.

Las mujeres indígenas se ocupan de las labores de cuidado y crianza pero también trabajan duro en las actividades agrícolas, artesanales y comerciales que les permite tener recursos para subsistir.

Participan activamente en las mayordomías, sociedades de padres de familia y faenas o tequio como le llaman al trabajo obligatorio comunitario sin remuneración, sin embargo, están ausentes en los espacios de decisión, esos lugares siguen ocupados por hombres resultado de relaciones de poder inequitativas en donde permea el autoritarismo y los condicionamientos socio-culturales no han cambiado.

La población indígena equivale al 17% de la población de la entidad mexiquense, más del 51% son mujeres. Muchas han sido participes en luchas para reivindicar los derechos colectivos de sus comunidades, el costo ha sido muy alto, minimizado y en algunos casos nulificado.

Las instituciones y las autoridades no pueden ser ajenas a este tema, el artículo 1º constitucional obliga que se garantice la participación efectiva de las poblaciones indígenas en los espacios de toma de decisión, sus derechos humanos y su derecho a la libre determinación.

En la actualidad las reformas de paridad en todo y la eliminación, erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género debe poner en el centro de discusión a las mujeres indígenas y su inclusión en los espacios públicos.

Su visión, su mirada, lo que viven y enfrentan día a día al ser parte de los espacios donde se toman decisiones trascendentes hará que se generen políticas publicas diferentes tal y como sucede ya en el ámbito federal.

Se requiere la implementación de medias afirmativas para corregir la histórica condición de desigualdad.

Necesitamos alcanzar y materializar una igualdad sustantiva verdadera. Una vez que ocupen esos espacios toca ver que los ejerzan libres y sin violencia.

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