/ lunes 18 de julio de 2022

Otra Mirada | Paridad en las gubernaturas de Coahuila y Estado de México 

Pese a que la paridad total es un principio constitucional desde 2019, cuando el INE emitió un acuerdo para los proceso electorales de 2020-2021, en el que determinó y obligó a los partidos políticos a postular, del total de las 6 candidaturas, 50% a mujeres, y cuyo resultado lo vemos hoy en el mapa político del país, con un total de 9 gobernadoras en 32 entidades, se presenta un nuevo reto para los institutos políticos, para las autoridades electorales y para la sociedad en general. Me refiero al próximo proceso electoral que se avecina en 2 entidades: Coahuila y el Estado de México, en donde renovarán al titular del ejecutivo, el próximo 2023.

El pasado martes 12 de julio, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE aprobaron el anteproyecto de acuerdo que ordena a los partidos políticos nacionales realizar cambios en sus documentos básicos para que se garantice la paridad en la postulación de candidaturas, a través de reglas claras en las que se establezca cómo van aplicar la cuestión de la competitividad en la postulación de mujeres para lograr la paridad sustantiva.

Y es que las mujeres que participan en política siguen luchando contra el sistema patriarcal que es estructural y que apenas comienza a moverse derivado de sus demandas de respeto e inclusión, mediante juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y de los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior que, al juzgar con perspectiva de género, siguen marcando la línea en el tema de la paridad.

Resultado de los juicios presentados por Susana Harp[1]en Oaxaca y Maki Esther Ortiz Domínguez[2] en Tamaulipas, se vinculó a los partidos políticos nacionales para que a partir del próximo proceso electoral para gubernaturas definan reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad. Estas sentencias dan cuenta de temas de fondo: carencia de mecanismos normativos internos en los partidos políticos para lograr paridad sustantiva con un enfoque de competitividad, pues se cumple con paridad formal, pero no sustantiva.

En los casos de Coahuila y Estado de México, de acuerdo con las sentencias, si se atiende su contexto histórico, ninguno ha sido gobernado por una mujer, por lo que es posible que los partidos políticos comprometidos con este tema, en cumplimiento de la paridad, postulen en ambas entidades a mujeres, ya sea de forma independiente o a través de una coalición.


Será la primera ocasión que se aplicará la reforma de paridad total para renovar la gubernatura en ambas entidades, lo que da la oportunidad de erradicar la infrarepresentación de las mujeres y de que la sociedad vote por mujeres para estos espacios


[1] SUP/JDC/0091/2022.

[2] SUP/JDC/434/2022.

Pese a que la paridad total es un principio constitucional desde 2019, cuando el INE emitió un acuerdo para los proceso electorales de 2020-2021, en el que determinó y obligó a los partidos políticos a postular, del total de las 6 candidaturas, 50% a mujeres, y cuyo resultado lo vemos hoy en el mapa político del país, con un total de 9 gobernadoras en 32 entidades, se presenta un nuevo reto para los institutos políticos, para las autoridades electorales y para la sociedad en general. Me refiero al próximo proceso electoral que se avecina en 2 entidades: Coahuila y el Estado de México, en donde renovarán al titular del ejecutivo, el próximo 2023.

El pasado martes 12 de julio, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE aprobaron el anteproyecto de acuerdo que ordena a los partidos políticos nacionales realizar cambios en sus documentos básicos para que se garantice la paridad en la postulación de candidaturas, a través de reglas claras en las que se establezca cómo van aplicar la cuestión de la competitividad en la postulación de mujeres para lograr la paridad sustantiva.

Y es que las mujeres que participan en política siguen luchando contra el sistema patriarcal que es estructural y que apenas comienza a moverse derivado de sus demandas de respeto e inclusión, mediante juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y de los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior que, al juzgar con perspectiva de género, siguen marcando la línea en el tema de la paridad.

Resultado de los juicios presentados por Susana Harp[1]en Oaxaca y Maki Esther Ortiz Domínguez[2] en Tamaulipas, se vinculó a los partidos políticos nacionales para que a partir del próximo proceso electoral para gubernaturas definan reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad. Estas sentencias dan cuenta de temas de fondo: carencia de mecanismos normativos internos en los partidos políticos para lograr paridad sustantiva con un enfoque de competitividad, pues se cumple con paridad formal, pero no sustantiva.

En los casos de Coahuila y Estado de México, de acuerdo con las sentencias, si se atiende su contexto histórico, ninguno ha sido gobernado por una mujer, por lo que es posible que los partidos políticos comprometidos con este tema, en cumplimiento de la paridad, postulen en ambas entidades a mujeres, ya sea de forma independiente o a través de una coalición.


Será la primera ocasión que se aplicará la reforma de paridad total para renovar la gubernatura en ambas entidades, lo que da la oportunidad de erradicar la infrarepresentación de las mujeres y de que la sociedad vote por mujeres para estos espacios


[1] SUP/JDC/0091/2022.

[2] SUP/JDC/434/2022.

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