/ viernes 16 de marzo de 2018

Pensamiento Universitario

Juventud Dañada

En un trabajo de investigación titulado “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”, respaldado por la CNDH, la autora menciona que el 35 por ciento de los recluidos en centros de internamiento han tenido relación con el crimen organizado, pues los cárteles aprovechan el sistema de justicia, lo poco estricto de las leyes y las condiciones de pobreza o abandono para reclutarlos. Según el censo oficial de 2016 citado en el estudio, más de 4 mil quinientos menores ingresaron a estos centros, por los delitos de narcomenudeo, secuestro, homicidio, extorsión y robo de hidrocarburos, y de ellos se tomó una muestra de 160, con la finalidad de entrevistarlos.

En general, a esta comunidad se le describe aburrida, molesta, resentida, mal alimentada, sin realizar actividades de rehabilitación, al cuidado de un personal apático e incapaz de modificar el peligroso comportamiento de los chicos. Obviamente, la justificación de semejante escenario es la falta de recursos y el desinterés de las autoridades, ante lo cual no es posible resolver las innumerables carencias de esos lugares, y mucho menos contar con profesionales en el nivel de especialización requerido.

Por supuesto, este tipo de situaciones constituye uno más de los graves errores del Estado, cuyas consecuencias seguramente vendrán a incrementar la descomposición en el país. Es decir, no se necesita de un profundo análisis para entender cómo la ineptitud, la desidia y la corrupción en las diferentes instancias de gobierno bastante le han aportado al deterioro moral, físico y emocional de los jóvenes.

La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (en la actual administración no estuvo entre los temas prioritarios), aplicada a una población de entre 12 y 29 años de edad, ubica como los tres principales problemas la mala economía, inseguridad y desempleo. Permitió, asimismo, conocer opiniones sobre otros asuntos de importancia, donde destaca el actuar deshonesto de la clase política y la actitud de la misma ciudadanía, hacia quienes se manifestó enojo y un marcado desencanto entre los entrevistados, por no proporcionarles orientación ni las indispensables oportunidades de desarrollo.

La falta de protección a los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan constituye una situación indeseable y riesgosa, debido a la nefasta combinación del tiempo de ocio y la mínima o nula esperanza de tener una vida mejor. En otro alto porcentaje el panorama tampoco es halagador, cuando se debaten entre embarazos no planeados, deserción escolar, alcoholismo, consumo de drogas y una serie de conductas negativas, derivadas de la desintegración familiar, de un sistema educativo deficiente y de la pérdida de valores.

Y mientras a este enorme sector se le niegan los apoyos, sin duda necesarios para contribuir al engrandecimiento del país, un contraste resulta indignante: el ineficiente e irracional ejercicio del gasto público, no sólo en los tres poderes de la República y de los estados, sino también en cualquier organismo público, a cual más de ineficiente e improductivo, y donde la constante es identificar estructuras burocráticas excesivas y onerosas, no representativas, con poca legitimidad y muy bajos niveles de reconocimiento.

Juventud Dañada

En un trabajo de investigación titulado “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”, respaldado por la CNDH, la autora menciona que el 35 por ciento de los recluidos en centros de internamiento han tenido relación con el crimen organizado, pues los cárteles aprovechan el sistema de justicia, lo poco estricto de las leyes y las condiciones de pobreza o abandono para reclutarlos. Según el censo oficial de 2016 citado en el estudio, más de 4 mil quinientos menores ingresaron a estos centros, por los delitos de narcomenudeo, secuestro, homicidio, extorsión y robo de hidrocarburos, y de ellos se tomó una muestra de 160, con la finalidad de entrevistarlos.

En general, a esta comunidad se le describe aburrida, molesta, resentida, mal alimentada, sin realizar actividades de rehabilitación, al cuidado de un personal apático e incapaz de modificar el peligroso comportamiento de los chicos. Obviamente, la justificación de semejante escenario es la falta de recursos y el desinterés de las autoridades, ante lo cual no es posible resolver las innumerables carencias de esos lugares, y mucho menos contar con profesionales en el nivel de especialización requerido.

Por supuesto, este tipo de situaciones constituye uno más de los graves errores del Estado, cuyas consecuencias seguramente vendrán a incrementar la descomposición en el país. Es decir, no se necesita de un profundo análisis para entender cómo la ineptitud, la desidia y la corrupción en las diferentes instancias de gobierno bastante le han aportado al deterioro moral, físico y emocional de los jóvenes.

La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (en la actual administración no estuvo entre los temas prioritarios), aplicada a una población de entre 12 y 29 años de edad, ubica como los tres principales problemas la mala economía, inseguridad y desempleo. Permitió, asimismo, conocer opiniones sobre otros asuntos de importancia, donde destaca el actuar deshonesto de la clase política y la actitud de la misma ciudadanía, hacia quienes se manifestó enojo y un marcado desencanto entre los entrevistados, por no proporcionarles orientación ni las indispensables oportunidades de desarrollo.

La falta de protección a los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan constituye una situación indeseable y riesgosa, debido a la nefasta combinación del tiempo de ocio y la mínima o nula esperanza de tener una vida mejor. En otro alto porcentaje el panorama tampoco es halagador, cuando se debaten entre embarazos no planeados, deserción escolar, alcoholismo, consumo de drogas y una serie de conductas negativas, derivadas de la desintegración familiar, de un sistema educativo deficiente y de la pérdida de valores.

Y mientras a este enorme sector se le niegan los apoyos, sin duda necesarios para contribuir al engrandecimiento del país, un contraste resulta indignante: el ineficiente e irracional ejercicio del gasto público, no sólo en los tres poderes de la República y de los estados, sino también en cualquier organismo público, a cual más de ineficiente e improductivo, y donde la constante es identificar estructuras burocráticas excesivas y onerosas, no representativas, con poca legitimidad y muy bajos niveles de reconocimiento.