/ viernes 23 de marzo de 2018

Pensamiento Universitario


Impunidad

Según la información publicada en días pasados, el gobierno de nuestro país acaba de ser fuertemente cuestionado en la ONU, durante la sesión donde se evaluó una parte del informe entregado a ese organismo. El motivo fue por el tema de la corrupción, cuando las preguntas del relator se orientaron específicamente a saber si se cuenta con una política de Estado para enfrentar ese cáncer, y si se tienen nombres y algún estudio estadístico sobre altos funcionarios que hayan sido condenados por incurrir en actos de deshonestidad.

La actitud del representante de la delegación mexicana, integrada en esta ocasión por 38 turistas, se describe evasiva y llena de generalidades, sin dar las respuestas pedidas y sólo prometiendo entregar después una lista, aunque en la percepción de su contraparte la causa de semejante explicación seguro pudo inferirse con facilidad.

Es decir, en el asunto no caben simulaciones ni demagogia, pues existe una relación directa con evidencias como las del llamado “Índice Global de Impunidad 2018”, en el cual México ocupa el primer lugar en América Latina y el cuarto en el mundo, con una evaluación promedio de 69.8 por ciento, 2.4 puntos por arriba de lo obtenido en 2016. En dicho estudio fueron evaluadas las 32 entidades de la República, resaltando el caso de la entidad mexiquense, cuyo nivel del 80 por ciento de impunidad lo ubica en la peor posición, y obviamente es el reflejo de las graves carencias en los sistemas de seguridad y de administración e impartición de justicia.

Costumbre altamente perjudicial para millones de compatriotas, y motivo de vergüenza en el mundo civilizado, es la que se identifica con los excesos cometidos por un amplio sector de la clase política, desde aquellas épocas del poder ejercido en forma absoluta y sin contrapesos, hasta los tiempos actuales, donde los diferentes grupos pueden abusar con entera libertad del erario, al amparo de acuerdos, pactos y leyes hechas a modo. Por eso ocurren hechos de la magnitud de la “estafa maestra”, de los privilegios otorgados a empresas del tipo Odebrecht y OHL, del tráfico de influencias, del pavoroso endeudamiento y de los múltiples negocios turbios realizados por tanto gobernante pillo.

En sus diferentes manifestaciones, la corrupción se encuentra cómodamente instalada, en mucho gracias a la impunidad, sin duda otro de los grandes logros de la maldad institucionalizada. Protegidos por las extensas redes de complicidad, la casi imposible tarea de castigar a los delincuentes, de obligarlos a pagar sus culpas, se fortalece ante el número mínimo de denuncias, investigaciones amañadas, organismos inútiles de supervisión y control, más un aparato de justicia plagado de intereses traidores a su esencia.

Por ello, resulta indispensable impulsar una transformación de fondo en la administración pública, con la finalidad de combatir la falta de dignidad de una manera efectiva, rigurosa y permanente, sin reconocer fueros ni aceptar excepciones. Permanecer indiferentes al origen y las consecuencias de la terrible enfermedad es apostarle a la destrucción de la vida institucional, al desprecio de la legalidad y al triunfo de lo inmoral. En suma, ignorar los enormes daños causados al desarrollo nacional.


Impunidad

Según la información publicada en días pasados, el gobierno de nuestro país acaba de ser fuertemente cuestionado en la ONU, durante la sesión donde se evaluó una parte del informe entregado a ese organismo. El motivo fue por el tema de la corrupción, cuando las preguntas del relator se orientaron específicamente a saber si se cuenta con una política de Estado para enfrentar ese cáncer, y si se tienen nombres y algún estudio estadístico sobre altos funcionarios que hayan sido condenados por incurrir en actos de deshonestidad.

La actitud del representante de la delegación mexicana, integrada en esta ocasión por 38 turistas, se describe evasiva y llena de generalidades, sin dar las respuestas pedidas y sólo prometiendo entregar después una lista, aunque en la percepción de su contraparte la causa de semejante explicación seguro pudo inferirse con facilidad.

Es decir, en el asunto no caben simulaciones ni demagogia, pues existe una relación directa con evidencias como las del llamado “Índice Global de Impunidad 2018”, en el cual México ocupa el primer lugar en América Latina y el cuarto en el mundo, con una evaluación promedio de 69.8 por ciento, 2.4 puntos por arriba de lo obtenido en 2016. En dicho estudio fueron evaluadas las 32 entidades de la República, resaltando el caso de la entidad mexiquense, cuyo nivel del 80 por ciento de impunidad lo ubica en la peor posición, y obviamente es el reflejo de las graves carencias en los sistemas de seguridad y de administración e impartición de justicia.

Costumbre altamente perjudicial para millones de compatriotas, y motivo de vergüenza en el mundo civilizado, es la que se identifica con los excesos cometidos por un amplio sector de la clase política, desde aquellas épocas del poder ejercido en forma absoluta y sin contrapesos, hasta los tiempos actuales, donde los diferentes grupos pueden abusar con entera libertad del erario, al amparo de acuerdos, pactos y leyes hechas a modo. Por eso ocurren hechos de la magnitud de la “estafa maestra”, de los privilegios otorgados a empresas del tipo Odebrecht y OHL, del tráfico de influencias, del pavoroso endeudamiento y de los múltiples negocios turbios realizados por tanto gobernante pillo.

En sus diferentes manifestaciones, la corrupción se encuentra cómodamente instalada, en mucho gracias a la impunidad, sin duda otro de los grandes logros de la maldad institucionalizada. Protegidos por las extensas redes de complicidad, la casi imposible tarea de castigar a los delincuentes, de obligarlos a pagar sus culpas, se fortalece ante el número mínimo de denuncias, investigaciones amañadas, organismos inútiles de supervisión y control, más un aparato de justicia plagado de intereses traidores a su esencia.

Por ello, resulta indispensable impulsar una transformación de fondo en la administración pública, con la finalidad de combatir la falta de dignidad de una manera efectiva, rigurosa y permanente, sin reconocer fueros ni aceptar excepciones. Permanecer indiferentes al origen y las consecuencias de la terrible enfermedad es apostarle a la destrucción de la vida institucional, al desprecio de la legalidad y al triunfo de lo inmoral. En suma, ignorar los enormes daños causados al desarrollo nacional.

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