Reformas a la ley de la UAEM
En las universidades públicas la naturaleza de su función obliga a impulsar procesos de cambio, orientados al legítimo interés institucional. Superación continua y alta competitividad deben ser metas perfectamente alcanzables, si se cuenta con los recursos suficientes para enfrentar y resolver los problemas que pudiesen limitar el mejor cumplimiento de la encomienda.
Es el caso ahora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuyas autoridades al tratar de llevar a cabo una reforma a la legislación, se han visto forzadas a hablar públicamente del tema, y eso ha dado lugar a diversas interrogantes acerca de los motivos de dicha reforma. En un ambiente de falta de credibilidad hacia los liderazgos, es deber de los universitarios rechazar la fea costumbre de las verdades únicas, e involucrarse en el análisis de la propuesta, en el debate de ideas, con la finalidad de fortalecer consensos y la toma de decisiones adecuada.
La histórica casa de estudios no puede anclarse, y menos depender de imposiciones, sino buscar el tránsito hacia un sistema incluyente, liberal y democrático, respetuoso de la transparencia y la puntual rendición de cuentas. Para esto, es indispensable generar los medios necesarios, dos de ellos abordados precisamente en la citada reforma, como son los de control y de representación, frente a un estado de cosas donde nuestra alma mater tristemente va en descenso.
En el primer tema, es obvio el imperativo de contar con una Contraloría interna de características muy superiores, pues la prioridad es quitarle la imagen actual y convertirla en un reducto de independencia, valor e integridad, dispuesta a mantener limpia la casa y fiscalizar las maneras de ejercer el poder. El otro asunto se relaciona con la ampliación del periodo de rector y de los directores de organismos académicos, de cuatro a seis años, con el argumento de darle continuidad a los proyectos de una administración.
Mucho se puede decir al respecto, empezando por señalar que en cualquier entidad seria los proyectos son institucionales, en el sentido más amplio del término; no surgen ni necesitan la vigilancia de algún iluminado, y sólo habrán de merecer la continuidad si en la práctica demuestran su valía. Es decir, cuatro años son suficientes para desempeñar esos cargos, siempre y cuando se ponga atención en evitar los errores del pasado, mediante la selección de personalidades con capacidad, prestigio auténtico, estabilidad emocional y un profundo conocimiento de las fortalezas y debilidades de la UAEM.
¿Adecuaciones a la Ley?, por supuesto, pero en el sentido de evaluar con todo el rigor posible los desempeños, castigar la simulación, el costoso protagonismo y, sobre todo, el abuso y las complicidades. Asimismo, auditar la gestión a la mitad del periodo, contemplando la posibilidad de destituir a los ineptos, no sin haberles fincado responsabilidad por los daños y perjuicios causados. Finalmente, eliminar el trampolín al legalizar el hecho de que un ex-rector, desde el momento de serlo, permanezca durante un año en la Institución, realizando labores útiles de docencia e investigación, y sólo después de este lapso podrá refugiarse en la política, e imitar a ese pequeño animal autor de saltos descomunales.
