El cambio obligado
Una nueva jornada electoral tendrá lugar el próximo primero de julio, en esta ocasión para elegir al próximo presidente de la República. En la entidad mexiquense, donde la carga de desprestigio es enorme en este tipo de eventos, también habrán de renovarse la Cámara de Diputados y las administraciones municipales.
Precisamente por esos malos antecedentes, es obligado exigir a las respectivas autoridades las garantías indispensables, con el fin de llevar a cabo el proceso de manera pulcra, apegado a la legalidad, sin permitir la deformación del ejercicio democrático, a causa de los bien conocidos actos de coacción y compra de votos. Sin duda, la petición está plenamente justificada, pues los del partido en el poder se encuentran preocupados, no sólo por los resultados obtenidos en las recientes elecciones, sino por el rechazo a sus candidatos, derivado del profundo malestar predominante en la inmensa mayoría de los mexicanos.
En el panorama nacional la prioridad de un cambio radical es obvia. La situación de desastre demanda impulsar gobiernos éticos y preparados, con la capacidad de enfrentar y revertir un panorama bastante complejo, desde el punto de vista del mal desarrollo, de pobreza e inseguridad crecientes, además del compromiso de combatir a fondo el extendido cáncer de corrupción e impunidad. La sustitución de liderazgos debe ir en contra del continuismo político, procurando seleccionar a quienes mejor garanticen una verdadera transformación, desde la cual el significado de progreso y bienestar se vea reflejado en las condiciones de vida de millones de seres.
Obviamente, esta reforma no va a surgir de un milagro, y mucho menos de la graciosa concesión de los tradicionales beneficiarios del poder. Depende, claro, de otros factores, como del hecho de tener una ciudadanía activa, crítica e independiente, decidida a modificar el estado actual de cosas, mediante una participación responsable y efectiva. Asimismo, es imprescindible el desempeño justo e imparcial de los organismos electorales, de tal manera que su credibilidad se vea fortalecida a partir de una inquebrantable ética de servicio a la democracia, y no continuar en la línea de complicidades, al permitirle a los caciques y grupos dominantes perpetuar sus privilegios, por la vía de traficar con las necesidades de quienes poco o nada tienen.
Entre tanta ineptitud y falta de legitimidad, es apremiante elegir gobiernos competentes, de comprobadas características de honestidad, dispuestos a lograr tanto las condiciones favorables para un crecimiento estable, generador del bien común, como a exhibir un manejo pulcro y eficaz de los recursos del pueblo. En consecuencia, nos corresponde retomar el concepto de dignidad ciudadana y ejercer con firmeza las facultades políticas, tendientes a impulsar las medidas correctivas necesarias, que permitan controlar la preocupante descomposición e imponer un auténtico estado de Derecho.
La conciencia cívica se debe fortalecer en estos días. Pugnar por la renovación integral de las instituciones implica combatir, a través del voto, la ineptitud y los descarados mecanismos de saqueo al erario, dándole un sentido inverso a este escenario caótico y moralmente lastimado.
