Día del Ingeniero
Según la costumbre, instituida en nuestro país el primero de julio de 1974, el próximo domingo se festeja una de las profesiones más importantes en el desarrollo económico y el mejoramiento social de cualquier país del mundo, como sin duda lo es la ingeniería civil. Por tal motivo es oportuno felicitar y hacer un reconocimiento al talento, la creatividad y el compromiso de quienes han sabido dignificar la actividad, ya sea en la producción de la infraestructura necesaria, en las aulas o en las tareas de investigación.
Obviamente, es también momento de reflexionar acerca de la renovación de objetivos y metas planteadas en esta disciplina, donde se vuelve ineludible el requisito de actualizarse, de innovar, de aportar respuestas adecuadas a las dificultades comunes, ante un contexto marcado no sólo por los avances de la ciencia y la tecnología, sino por la situación de desastre en la economía nacional. Los escenarios adversos repercuten de manera drástica en las oportunidades de progreso, y a la poca oferta de trabajo se suman los nefastos criterios de parcialidad en la asignación de la obra pública, además de los famosos “moches” o pago de comisiones.
En el sector oficial es esta una perversión demasiado arraigada, variante de la corrupción cotidiana que se traduce en el aprovechamiento doloso de los recursos destinados a la edificación o mantenimiento de la infraestructura, con la finalidad de incrementar los beneficios de los funcionarios, de sus amigos y familiares. Los ejemplos de esto son frecuentes en los niveles municipal, estatal o federal, al imponerse la adjudicación directa de contratos a socios y parentela por cantidades hasta de miles de millones de pesos.
En un escenario de semejantes características destaca la importancia de formar agrupaciones combativas, cuyos liderazgos se preocupen por proteger los principios éticos y los legítimos intereses del gremio, y no por cuidar sus relaciones de sometimiento al poder. La defensa de la noble profesión debe impedir que las cualidades de un trabajo honesto y de calidad se vean dominadas por el influyentismo y los turbios manejos de tanto charlatán metido a constructor. Sobran las razones para demandar una política de Estado capaz de revertir el abuso, por la vía de llevar a cabo procesos limpios, estrictamente apegados a la legalidad con los cuales dar la batalla a tan infame “modus operandi”.
Es obligado crear conciencia sobre la gravedad del problema, y exigir a las autoridades combatirlo con decisión. La transparencia y legitimidad es una prioridad en estos casos, y la interpretación de la ley no puede depender de las complicidades de los gobernantes. Urge eliminar la impunidad y castigar las conductas inapropiadas de quienes han encontrado en el esquema de licitaciones, adjudicaciones y presupuestos a modo una fuente de riqueza prácticamente inagotable.
La participación organizada y valerosa de los ingenieros es indispensable, si se desea crear las condiciones necesarias de justicia, respeto y puntual reconocimiento a las auténticas capacidades. Los cárteles de la construcción no deben seguir cometiendo más agravios, amparados por el favoritismo y la descarada inmoralidad de los falsos servidores públicos.
