/ viernes 17 de agosto de 2018

Pensamiento Universitario

EL PRESTIGIO DE LA UAEM

A lo largo de su historia la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ha demostrado ser un valioso instrumento de movilidad social, generador de opciones efectivas de desarrollo, mediante el cumplimiento de sus funciones esenciales, donde destacan la creación, transmisión y divulgación del conocimiento, la investigación científica, tecnológica y humanística, así como la extensión de la cultura en sus diferentes manifestaciones. Desde luego, en todo esto ha sido fundamental el desempeño de una gran mayoría de estudiantes, docentes y personal de apoyo, cuyos esfuerzos, a pesar de las innumerables carencias, han contribuido a la construcción de una sociedad más igualitaria, libre y democrática.

Por desgracia los liderazgos no siempre han estado a la altura de las circunstancias, y los errores cometidos no sólo causan la desatención de las verdaderas prioridades, sino ponen en entredicho el ejercicio ético y responsable de la autonomía, y con ello el buen nombre de nuestra máxima casa de estudios.

Lo negativo se acumula, y un ejemplo está en el caso de la llamada “Estafa Maestra”, conocida por una investigación periodística, en la cual se prueba un fraude millonario operado desde el gobierno central a partir de un mecanismo plenamente documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al amparo de leyes hechas a modo, dependencias federales como Sedesol y Banobras contrataron y entregaron dinero en forma discrecional a varias universidades públicas, entre ellas la UAEM, con el supuesto fin de realizar obras o dar algún tipo de servicio, para luego armar una turbia cadena de subcontrataciones con empresas inexistentes o sin la capacidad ni personalidad jurídica necesarias.

Los periodistas autores de la investigación y del testimonio escrito contenido en un libro publicado hace poco, refieren lo ocurrido sólo en los años 2013 y 2014, fijando la cantidad del desfalco arriba de los 7 mil millones de pesos, incluyendo las jugosas comisiones otorgadas a quienes en los centros educativos participaron en el engaño.

Por otra parte, se tiene el problema de la caja de ahorros del sindicato de los trabajadores, hasta la fecha no resuelto de manera justa, ni a la entera satisfacción de los afectados. Para colmo se da a conocer lo relativo a la pavorosa deuda contraída con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), cuyo monto es superior, según se dice, a los mil 500 millones de pesos. Obviamente, en su momento esta cifra fue descontada del salario de los empleados, pero al ser retenida y no entregarse en los términos de ley, se genera un ilícito en perjuicio del patrimonio universitario y de las tareas propias de la encomienda.

Lo irregular de estos asuntos amerita múltiples reacciones, empezando por exigir a las autoridades una explicación comprobable en cuanto al destino de tantos recursos involucrados, además del castigo a los autores del mal. Pero sobre todo es obligado el cuestionamiento acerca de cómo se llegó a esta situación, altamente dañina a la imagen institucional, y donde queda la responsabilidad de los organismos de control, al haber permitido, por acción u omisión, el actuar impune de los graduados en desaparecer el dinero público.

EL PRESTIGIO DE LA UAEM

A lo largo de su historia la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ha demostrado ser un valioso instrumento de movilidad social, generador de opciones efectivas de desarrollo, mediante el cumplimiento de sus funciones esenciales, donde destacan la creación, transmisión y divulgación del conocimiento, la investigación científica, tecnológica y humanística, así como la extensión de la cultura en sus diferentes manifestaciones. Desde luego, en todo esto ha sido fundamental el desempeño de una gran mayoría de estudiantes, docentes y personal de apoyo, cuyos esfuerzos, a pesar de las innumerables carencias, han contribuido a la construcción de una sociedad más igualitaria, libre y democrática.

Por desgracia los liderazgos no siempre han estado a la altura de las circunstancias, y los errores cometidos no sólo causan la desatención de las verdaderas prioridades, sino ponen en entredicho el ejercicio ético y responsable de la autonomía, y con ello el buen nombre de nuestra máxima casa de estudios.

Lo negativo se acumula, y un ejemplo está en el caso de la llamada “Estafa Maestra”, conocida por una investigación periodística, en la cual se prueba un fraude millonario operado desde el gobierno central a partir de un mecanismo plenamente documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al amparo de leyes hechas a modo, dependencias federales como Sedesol y Banobras contrataron y entregaron dinero en forma discrecional a varias universidades públicas, entre ellas la UAEM, con el supuesto fin de realizar obras o dar algún tipo de servicio, para luego armar una turbia cadena de subcontrataciones con empresas inexistentes o sin la capacidad ni personalidad jurídica necesarias.

Los periodistas autores de la investigación y del testimonio escrito contenido en un libro publicado hace poco, refieren lo ocurrido sólo en los años 2013 y 2014, fijando la cantidad del desfalco arriba de los 7 mil millones de pesos, incluyendo las jugosas comisiones otorgadas a quienes en los centros educativos participaron en el engaño.

Por otra parte, se tiene el problema de la caja de ahorros del sindicato de los trabajadores, hasta la fecha no resuelto de manera justa, ni a la entera satisfacción de los afectados. Para colmo se da a conocer lo relativo a la pavorosa deuda contraída con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), cuyo monto es superior, según se dice, a los mil 500 millones de pesos. Obviamente, en su momento esta cifra fue descontada del salario de los empleados, pero al ser retenida y no entregarse en los términos de ley, se genera un ilícito en perjuicio del patrimonio universitario y de las tareas propias de la encomienda.

Lo irregular de estos asuntos amerita múltiples reacciones, empezando por exigir a las autoridades una explicación comprobable en cuanto al destino de tantos recursos involucrados, además del castigo a los autores del mal. Pero sobre todo es obligado el cuestionamiento acerca de cómo se llegó a esta situación, altamente dañina a la imagen institucional, y donde queda la responsabilidad de los organismos de control, al haber permitido, por acción u omisión, el actuar impune de los graduados en desaparecer el dinero público.

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