El próximo mes de noviembre el Doctor Agustín Carstens dejará de ser gobernador del Banco de México, para irse a dirigir el Banco de Pagos internacionales, con sede en Basilea, Suiza. En un servicio público invadido por la ineptocracia, esto constituye una pérdida, pues su presencia en la institución ha sido garantía de estabilidad e independencia, prestigio y sobrada capacidad técnica.
Precisamente por tratarse de un funcionario destacado, conocedor de la realidad mexicana, es importante tomar en cuenta sus opiniones, dadas a conocer hace unos días por un medio de circulación nacional. Entre otras cosas, el doctor Carstens se refirió a la necesidad de darle respuesta a una de las mayores demandas sociales, como lo es el combate a la impunidad y la corrupción, con el predominio del Estado de Derecho, si en verdad se desea incrementar el nivel económico y alcanzar el anhelado bienestar de millones de compatriotas.
En efecto, México sería un país mucho mejor si se lograra erradicar la deleznable práctica de la deshonestidad, cuyo notable incremento marca hoy una de las peores épocas en la negra historia del saqueo. Corrobora esto el reciente informe de Transparencia Internacional, donde nuestro país ostenta el índice de corrupción más alto en América Latina y el Caribe, a consecuencia de la acciones de sus gobiernos, de la clase política y de ciertos líderes del sector privado. En el mismo sentido, se tiene el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, señalando que en 2015 el costo de este cáncer representó el 9 por ciento del PIB, lo cual es algo terrible, pues el crecimiento anual de dicho indicador apenas es del orden de 2 por ciento.
En la generalidad de los espacios públicos el abuso no corresponde ya al de un hecho ocasional o aislado, sino al de un fenómeno central de identificación, por lo sistemático y recurrente. Con frecuencia nos enteramos de casos de gravedad extrema, donde la destrucción de la legalidad se traduce en el cinismo de darse abundancia, acumular fortunas personales y familiares, y disfrutar de una vida de lujo y derroche, a costa de un pueblo cada vez más empobrecido.
Por su parte, las investigaciones oficiales carecen de credibilidad, al no llevar a cabo una lucha firme y decidida en contra del descarado latrocinio. Para muestra, ahí están las denuncias relacionadas con las administraciones de varias entidades federativas, o en dependencias de la magnitud de Pemex; en los graduados en desaparecer dinero del erario a través del modelo universitario de estafa maestra, y también en los intocables negociantes de la obra pública, especializados en “moches” y socavones (la Auditoría Superior de la Federación acaba de detectar el enésimo intento de naturalizar las manos sucias, mediante un ejercicio irregular de casi 235 millones de pesos, en la construcción de la primera fase del nuevo aeropuerto internacional).
Sin duda, es obligado tomar conciencia acerca de la situación, buscar el cambio y exigir a las autoridades soluciones efectivas al enorme problema. De ninguna manera merecemos ni debemos seguir dominados por las redes de incompetencia y perversión, cuya voracidad es la responsable de aumentar el rezago social hasta niveles muy peligrosos.
Garantizar la máxima probidad en el uso de los bienes públicos implica crear un Estado realmente funcional y democrático, con gobernantes preparados, valerosos e inteligentes, capaces de impulsar el desarrollo, mantener la paz y aplicar castigos ejemplares a tanto pillo de la alta escuela.
