Según la información publicada en días pasados, en el estado de Colima se han acreditado irregularidades presupuestarias del orden de mil 867.6 millones de pesos, por lo cual el Congreso local inhabilitó al exgobernador priista para ejercer cargos públicos durante 23 años, además de imponerle multas por la cantidad de 45 millones de pesos. En el presunto daño al erario están involucrados varios exfuncionarios de la pasada administración, a quienes los legisladores también avalaron sancionar en forma moderada.
Como bien lo expresó una de las diputadas de oposición, lo deseable hubiera sido imponer castigos bastante más severos, acordes con el daño causado por un individuo calificado de abusivo e irresponsable, que deja a la entidad hundida no sólo en una crisis financiera, sino en una terrible espiral de violencia e inseguridad.
En efecto, es éste un ejemplo más de la famosa máxima juarista, ahora ya perfeccionada, en cuanto a otorgar a los amigos gracia abundante y justicia a modo, cuando el mal manejo de los recursos públicos es imposible de ocultar y eso da lugar a denuncias bien fundamentadas. Debido a este tipo de complicidades, en sector oficial mexicano se ve muy difícil resolver el problema de la corrupción, cuyo incremento ha sido realmente exagerado en los últimos años, siempre al amparo de la descarada impunidad.
Luego entonces, es en el propio contexto institucional donde se fortalecen la desvergüenza, el abuso y los delirios de grandeza, muchas veces derivado del absurdo fuero legalizado, lo cual coloca a los refinados capos en una situación de verdadero privilegio al momento de cometer sus fechorías. Una muestra del estímulo a la deshonestidad se encuentra precisamente en el pésimo desempeño de la generalidad de los congresos estatales y federal, no sólo por ser un falso contrapeso de las conductas nocivas, al validar con docilidad y servilismo los caprichos de los titulares del poder ejecutivo, sino por ser ellos mismos exponentes del derroche, causantes por acción y omisión del criminal aumento de la deuda pública, y omisos en el cumplimento de los criterios de pulcritud y transparencia a la hora de disponer del dinero del pueblo.
Por eso, a diario nos enteramos de la comisión de actos de gravedad extrema, sin existir en respuesta la estricta aplicación de las leyes. Así, las autoridades no son capaces de reaccionar cuando los helicópteros oficiales se usan para ir a jugar golf; o lo hacen tarde y mal ante casos como el de las obras de la refinería de Tula, Hidalgo, con pagos indebidos a la empresa brasileña Odebrecht, la que supuestamente pagó sobornos por más de 10 millones de dólares, con el fin de gozar de asignaciones directas y sobrecostos al gusto.
En la misma línea de horrores, se tiene el presunto fraude fiscal y las millonarias erogaciones en la construcción del tren México – Toluca, motivo del encarecimiento en casi el 200 por ciento del proyecto original, de acuerdo a lo declarado por legisladores del Senado. Y qué decir de la preocupante situación local, cuando una nota publicada en este diario da a conocer la obligación heredada por el actual gobernador, en el sentido de aclarar el destino de casi 8 mil millones de pesos, resultado de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación.
Un país estancado, empobrecido, víctima del saqueo, la impunidad y las reiteradas maniobras fraudulentas, debe demandar la aplicación de medidas drásticas, sin tener consideración alguna hacia tanto pillo especializado en la destrucción de la legalidad.
