/ viernes 17 de noviembre de 2017

Pensamiento Universitario

Durante la reunión regional de la ANUIES celebrada en Toluca el mes pasado, se habló de los grandes retos que tienen los centros de educación superior en el país, por una parte debido a la exigencia de obtener resultados de calidad, y por otra derivados de la presión histórica de mantener y acrecentar la matrícula. Asimismo, se destacó la importancia de contar con los recursos suficientes, si en realidad se desea tener universidades modernas, innovadoras y competitivas.

En efecto, los fines esenciales de estas casas de estudio enfrentan una serie de desafíos y limitaciones, ante la encomienda de generar proyectos útiles y de trascendencia, emanados de la necesidad de llevar a México a épocas mejores. Elevar su desempeño implica, entre otros factores, romper la inercia de modelos de gestión obsoletos, cambiar las formas de la enseñanza tradicional y rígida, actualizar contenidos, modernizar equipos e instalaciones, capacitar a la planta docente y erradicar la ineptitud y simulación en los puestos de mando.

Como organizaciones públicas, las universidades son espacios vitales, insustituibles, a los cuales se les otorga altas responsabilidades, al darles independencia administrativa y confiarles la creación del capital humano de nivel avanzado. En consecuencia, su aporte debe traducirse no sólo en egresados con el indispensable potencial teórico y práctico, capaces de contribuir al desarrollo local y nacional, sino también en preparar seres críticos, racionales y solidarios, cuyos principios y valores les permita asumir el enorme compromiso con la justicia social.

Obviamente, es obligado cuidar el prestigio y buen nombre de estas entidades, y para ello es prioritario atender con el mayor cuidado los temas de control, transparencia y rendición de cuentas, pues son elementos centrales en la vida institucional, al estar encargados de evitar los abusos y garantizar la pulcritud en la condición de autonomía. La transparencia abre al escrutinio la información relevante, y la rendición de cuentas concede la posibilidad de constatar el uso específico de los bienes en resguardo, así como la calidad y cantidad de los objetivos logrados, en apego a las funciones sustantivas.

Por tal motivo, son absolutamente reprobables los hechos dados a conocer en el reportaje de la llamada “Estafa Maestra”, relacionados con la revisión de la Cuenta Pública de los años 2013 y 2014, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la investigación se detectaron diversas irregularidades, cometidas al amparo de un esquema de contratos y subcontratos, por un monto de 7 mil 670 millones de pesos, donde participaron organismos federales y algunas universidades públicas, entre ellas la autónoma mexiquense, las cuales supuestamente cobraron una millonada de comisión por triangular el dinero y por servicios deficientes o inexistentes.

La facultad de gobernarse a sí mismas jamás debe emplearse para tomar decisiones discrecionales, tendientes a traicionar la misión y la conciencia ética de una máxima casa de estudios. En algo tan delicado, los Consejos Universitarios, Colegios de Directores y Contralorías internas no pueden hacer a un lado la obligación de cuidar lo digno del trabajo institucional, y mucho menos adoptar el papel de comparsa, o de cómplices por omisión, al permitir corruptelas e impunidad y quedar reducidos a una simple instancia de trámite, encargada sólo de cubrir las formas y sin asumir la responsabilidad sobre el fondo y repercusión de las acciones validadas.

Durante la reunión regional de la ANUIES celebrada en Toluca el mes pasado, se habló de los grandes retos que tienen los centros de educación superior en el país, por una parte debido a la exigencia de obtener resultados de calidad, y por otra derivados de la presión histórica de mantener y acrecentar la matrícula. Asimismo, se destacó la importancia de contar con los recursos suficientes, si en realidad se desea tener universidades modernas, innovadoras y competitivas.

En efecto, los fines esenciales de estas casas de estudio enfrentan una serie de desafíos y limitaciones, ante la encomienda de generar proyectos útiles y de trascendencia, emanados de la necesidad de llevar a México a épocas mejores. Elevar su desempeño implica, entre otros factores, romper la inercia de modelos de gestión obsoletos, cambiar las formas de la enseñanza tradicional y rígida, actualizar contenidos, modernizar equipos e instalaciones, capacitar a la planta docente y erradicar la ineptitud y simulación en los puestos de mando.

Como organizaciones públicas, las universidades son espacios vitales, insustituibles, a los cuales se les otorga altas responsabilidades, al darles independencia administrativa y confiarles la creación del capital humano de nivel avanzado. En consecuencia, su aporte debe traducirse no sólo en egresados con el indispensable potencial teórico y práctico, capaces de contribuir al desarrollo local y nacional, sino también en preparar seres críticos, racionales y solidarios, cuyos principios y valores les permita asumir el enorme compromiso con la justicia social.

Obviamente, es obligado cuidar el prestigio y buen nombre de estas entidades, y para ello es prioritario atender con el mayor cuidado los temas de control, transparencia y rendición de cuentas, pues son elementos centrales en la vida institucional, al estar encargados de evitar los abusos y garantizar la pulcritud en la condición de autonomía. La transparencia abre al escrutinio la información relevante, y la rendición de cuentas concede la posibilidad de constatar el uso específico de los bienes en resguardo, así como la calidad y cantidad de los objetivos logrados, en apego a las funciones sustantivas.

Por tal motivo, son absolutamente reprobables los hechos dados a conocer en el reportaje de la llamada “Estafa Maestra”, relacionados con la revisión de la Cuenta Pública de los años 2013 y 2014, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la investigación se detectaron diversas irregularidades, cometidas al amparo de un esquema de contratos y subcontratos, por un monto de 7 mil 670 millones de pesos, donde participaron organismos federales y algunas universidades públicas, entre ellas la autónoma mexiquense, las cuales supuestamente cobraron una millonada de comisión por triangular el dinero y por servicios deficientes o inexistentes.

La facultad de gobernarse a sí mismas jamás debe emplearse para tomar decisiones discrecionales, tendientes a traicionar la misión y la conciencia ética de una máxima casa de estudios. En algo tan delicado, los Consejos Universitarios, Colegios de Directores y Contralorías internas no pueden hacer a un lado la obligación de cuidar lo digno del trabajo institucional, y mucho menos adoptar el papel de comparsa, o de cómplices por omisión, al permitir corruptelas e impunidad y quedar reducidos a una simple instancia de trámite, encargada sólo de cubrir las formas y sin asumir la responsabilidad sobre el fondo y repercusión de las acciones validadas.

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