Hace unos días, durante una reunión con los medios informativos, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se refirió a la situación actual de estos centros, y en particular a los que enfrentan dificultades financieras, destacando la urgencia de adoptar medidas de fondo, tendientes a emprender una reforma administrativa. Ante la cantidad de problemas de carácter estructural, el académico reconoció la necesidad de llevar a cabo un replanteamiento fundamental en esos espacios, con el fin de optimizar el empleo de los recursos asignados.
Propuso también adoptar esquemas de rendición de cuentas y transparencia, con sistemas de información abiertos no sólo a la comunidad, sino también a la sociedad en su conjunto, para conocer y evaluar el alcance de los datos aportados. En esto, se infiere, es indispensable incluir aspectos tales como la manera de efectuar las licitaciones, los criterios seguidos en cuanto a la realización y asignación de contratos, el costo de las obras, el pago de arrendamientos y, en general, las políticas de distribución del patrimonio de las casas de estudio financiadas por el pueblo.
Sin embargo, todo esto debiera ser parte de un proyecto de mayor amplitud, orientado a generar otros cambios de utilidad, si realmente se pretende alinear los intereses de corto y largo plazo a los niveles de calidad requeridos en cada una de las funciones sustantivas. Es decir, así como el gasto discrecional y poco transparente resta legitimidad al trabajo de las instituciones, lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, desde arriba se imponen condiciones y se reparten beneficios, destinados a premiar aliados y amigos, mediante el incremento el aparato burocrático.
Calidad y eficiencia es algo común entre las dependencias con alto grado de desarrollo, donde no se permite el lastre causado por el exceso de personal. En consecuencia, una justa demanda a las universidades debe ir en el sentido de evitar el gigantismo y no crear plazas por capricho, cuyos presupuestos representan una inversión de poco o nulo beneficio, pues sólo favorecen privilegios, duplican funciones, propician liderazgos débiles y terminan por ser un obstáculo al progreso.
Dentro de los varios casos, en la autónoma mexiquense destaca el de la llamada secretaría técnica, la cual pasó de entretener a dos o tres empleados hasta mayo de 2013, a contar en las siguientes administraciones con un grupo de más de veinte integrantes. Si bien los pretextos de semejante incremento pueden ser abundantes, es obligado el análisis de la realidad, y dictaminar con precisión en cuanto a lo efectivo de su desempeño, supuestamente encargado de velar por la viabilidad técnica de las principales acciones de la rectoría, de contribuir a la toma de decisiones estratégicas, además de constituir una unidad de apoyo encargada de coordinar los aportes de las otras secretarías, relacionados con la eficiencia productiva y la adopción de las mejores prácticas, en apego, claro, a los objetivos y metas institucionales.
Sin duda, la supervivencia de estructuras obesas e ineficientes siempre tendrá consecuencias negativas, pues en su integración no se premia el esfuerzo y el mérito, y mucho menos se evita la simulación y el derroche. Una autonomía digna requiere de una organización formada con las y los mejores universitarios, cuya distinción la garanticen la capacidad y preparación seria, y no la detestable costumbre de las complicidades del poder.
