/ viernes 2 de febrero de 2018

Pensamiento Universitario

Después de un kilométrico recorrido, cuyo inicio fue el pasado 20 de enero, en Ciudad Juárez, el próximo domingo 4 de febrero llegará a la capital mexicana la llamada Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, convocada por el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Como se sabe, las principales demandas del movimiento al ejecutivo federal son dos, la primera de las cuales va en el sentido de lograr la detención inmediata para fines de extradición del anterior mandatario de ese estado, con base en las diez órdenes de aprehensión existentes. La segunda, contar con el depósito de los recursos pactados y hasta ahora retenidos, consistentes en 900 millones de pesos.

Sin embargo, el asunto parece ir más allá, al grado de tener preocupado y molesto al sistema oficial, pues en realidad se trata de rechazar los pactos de impunidad y dar la batalla frontal contra la corrupción, no sólo al investigar los hechos relacionados con el supuesto enriquecimiento ilícito del exgobernante y de varios de sus colaboradores, sino también del dinero público destinado a las campañas de los candidatos priistas. Es decir, las medidas represivas y los ataques a la marcha, incluyendo el envío de porros y provocadores, son el resultado de darse a conocer la serie de acciones realizadas por las amplias y bien estructuradas redes de complicidad partidista, causantes, entre tantas otras infamias, del criminal saqueo al erario de la entidad norteña.

Lamentablemente, a todo esto se ha sumado el silencio vergonzoso y la cobardía de la CONAGO, a pesar de lo justo de una lucha de gran alcance, que busca el castigo de los delincuentes y la eliminación de la discrecionalidad en la asignación de los fondos federales a los estados. Aunque en esto se exhiben los perversos manejos políticos, en el claro entendido de premiar la sumisión y castigar la rebeldía, siempre será motivo de condena la actitud de quienes son incapaces de anteponer principios y valores en favor del bien común, y mucho menos de solidarizarse y apoyar un ejemplo de dignidad y defensa efectiva de los intereses del pueblo.

En las diarias jornadas, a Javier Corral lo acompañan sus paisanos, funcionarios de su administración y personajes de presencia nacional e internacional. Pero además, al grito de “¡no estás solo!”, en los diferentes lugares por donde pasa lo reciben grupos de ciudadanos, líderes sociales, estudiantes y empresarios, conscientes de la imperiosa necesidad de exigir justicia, de ponerle fin a los excesos de una clase política insensible y frívola, y de combatir con todos los medios posibles el terrible cáncer de corrupción e impunidad, a cuyo amparo se engendran periódicamente vidas de potentado, mientras se destruyen las oportunidades de desarrollo y superación de millones de mexicanos.

Ante el aumento del enojo popular, traducido en el repudio generalizado a la alta burocracia, es indispensable reconocer la importancia de la Caravana por la Dignidad, como una forma pacífica de oponerse a los abusos del poder y de insistir en lo apremiante del cambio. Es obligado hacer propia esta cruzada y ver en ella la oportunidad de recomponer el soporte moral de los dirigentes, y de avanzar en la construcción del país al que aspiramos la inmensa mayoría.

Después de un kilométrico recorrido, cuyo inicio fue el pasado 20 de enero, en Ciudad Juárez, el próximo domingo 4 de febrero llegará a la capital mexicana la llamada Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, convocada por el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Como se sabe, las principales demandas del movimiento al ejecutivo federal son dos, la primera de las cuales va en el sentido de lograr la detención inmediata para fines de extradición del anterior mandatario de ese estado, con base en las diez órdenes de aprehensión existentes. La segunda, contar con el depósito de los recursos pactados y hasta ahora retenidos, consistentes en 900 millones de pesos.

Sin embargo, el asunto parece ir más allá, al grado de tener preocupado y molesto al sistema oficial, pues en realidad se trata de rechazar los pactos de impunidad y dar la batalla frontal contra la corrupción, no sólo al investigar los hechos relacionados con el supuesto enriquecimiento ilícito del exgobernante y de varios de sus colaboradores, sino también del dinero público destinado a las campañas de los candidatos priistas. Es decir, las medidas represivas y los ataques a la marcha, incluyendo el envío de porros y provocadores, son el resultado de darse a conocer la serie de acciones realizadas por las amplias y bien estructuradas redes de complicidad partidista, causantes, entre tantas otras infamias, del criminal saqueo al erario de la entidad norteña.

Lamentablemente, a todo esto se ha sumado el silencio vergonzoso y la cobardía de la CONAGO, a pesar de lo justo de una lucha de gran alcance, que busca el castigo de los delincuentes y la eliminación de la discrecionalidad en la asignación de los fondos federales a los estados. Aunque en esto se exhiben los perversos manejos políticos, en el claro entendido de premiar la sumisión y castigar la rebeldía, siempre será motivo de condena la actitud de quienes son incapaces de anteponer principios y valores en favor del bien común, y mucho menos de solidarizarse y apoyar un ejemplo de dignidad y defensa efectiva de los intereses del pueblo.

En las diarias jornadas, a Javier Corral lo acompañan sus paisanos, funcionarios de su administración y personajes de presencia nacional e internacional. Pero además, al grito de “¡no estás solo!”, en los diferentes lugares por donde pasa lo reciben grupos de ciudadanos, líderes sociales, estudiantes y empresarios, conscientes de la imperiosa necesidad de exigir justicia, de ponerle fin a los excesos de una clase política insensible y frívola, y de combatir con todos los medios posibles el terrible cáncer de corrupción e impunidad, a cuyo amparo se engendran periódicamente vidas de potentado, mientras se destruyen las oportunidades de desarrollo y superación de millones de mexicanos.

Ante el aumento del enojo popular, traducido en el repudio generalizado a la alta burocracia, es indispensable reconocer la importancia de la Caravana por la Dignidad, como una forma pacífica de oponerse a los abusos del poder y de insistir en lo apremiante del cambio. Es obligado hacer propia esta cruzada y ver en ella la oportunidad de recomponer el soporte moral de los dirigentes, y de avanzar en la construcción del país al que aspiramos la inmensa mayoría.

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