/ viernes 23 de julio de 2021

Pensamiento Universitario | Ayuntamiento endeudado

En el lapso de ocho días las autoridades del Ayuntamiento de Toluca han enfrentado dos manifestaciones de protesta, demandando en una de ellas hasta la destitución del alcalde.

Según la información publicada a la primera asistieron dos mil empleados, quienes exigían el pago de sus salarios y la respectiva prima vacacional, pues suman ya dos quincenas sin recibirlo. En la segunda un grupo de proveedores pidieron la pronta retribución por los servicios proporcionados, cuyo monto asciende a los 360 millones de pesos, de acuerdo con la versión oficial.

En respuesta, la burocracia mayor justificó la situación debido que no llegan las participaciones, a la caída de la recaudación motivada por la pandemia y por el nivel de endeudamiento heredado de las pasadas administraciones. Incluso, hablan de una campaña de desprestigio con tintes políticos, exhortan a los inconformes a no sumarse a este tipo de acciones y se victimizan realizando un plantón, a unas semanas de dejar el cargo.

A pesar de su gran importancia en el desarrollo regional, las administraciones de los municipios mexiquenses no van en el camino correcto, y eso amerita la evaluación objetiva de la encomienda, aunado a la más estricta aplicación de la ley en el caso de detectarse ilícitos. Por tradición, los liderazgos distan mucho de estar a la altura de las circunstancias, y la extensa serie de irregularidades no sólo deshonran la palabra empeñada a lo largo de una campaña electoral, sino derivan en presuntos hechos delictivos, como por ejemplo afectar el derecho a la subsistencia de las familias dependientes del ingreso de los trabajadores.

Frente a lo complejo de un gobierno de múltiples dimensiones, es frecuente constatar la incapacidad de gestión, las formas obsoletas de ejercer el poder, el protagonismo ramplón y, sobre todo, el abuso sistemático del erario y la ausencia de una ética pública personal y grupal. En tales condiciones, imposible esperar una política municipal de calidad, consciente y solidaria, encaminada a erradicar el atraso e impulsar el progreso y la tranquilidad de las comunidades.

Por desgracia, la otrora bella Toluca ilustra un presente lleno de frustraciones, al haberse arraigado lo caótico y no poderse resolver los varios problemas estructurales, cuya frecuencia y gravedad aumentan diariamente. Si bien en las votaciones la ciudadanía expresa su rechazo al edil en turno, en las dos últimas evitando reelecciones a todas luces absurdas, el reto permanece en cuanto a corregir el sinnúmero de pendientes, reflejados, entre otros temas, en inseguridad desbordada, endeudamiento excesivo, servicios básicos de pésima calidad, crecimiento poblacional anárquico, falta de infraestructura útil, destrucción del medio ambiente y desorden vial cotidiano, derivado de la ausencia de autoridad y del comportamiento de tanto salvaje al volante.

En consecuencia, es momento de revertir la degradación, de exigir un gobierno dispuesto a cumplir cabalmente con sus obligaciones, empezando por llevar a cabo una lucha firme y decidida en contra de los actos indebidos del pasado. La transparencia y rendición de cuentas no puede quedar en el discurso, y mucho menos dejar las cosas en borrón y cuenta nueva, mientras los autores del desastre disfrutan impunemente de beneficios mal ganados.

Asimismo, es indispensable un cambio radical en la cultura ciudadana, encauzado a ejercer los derechos de manera comprometida y responsable, en favor de la paz y el mejor desarrollo de las generaciones actuales y futuras.

En el lapso de ocho días las autoridades del Ayuntamiento de Toluca han enfrentado dos manifestaciones de protesta, demandando en una de ellas hasta la destitución del alcalde.

Según la información publicada a la primera asistieron dos mil empleados, quienes exigían el pago de sus salarios y la respectiva prima vacacional, pues suman ya dos quincenas sin recibirlo. En la segunda un grupo de proveedores pidieron la pronta retribución por los servicios proporcionados, cuyo monto asciende a los 360 millones de pesos, de acuerdo con la versión oficial.

En respuesta, la burocracia mayor justificó la situación debido que no llegan las participaciones, a la caída de la recaudación motivada por la pandemia y por el nivel de endeudamiento heredado de las pasadas administraciones. Incluso, hablan de una campaña de desprestigio con tintes políticos, exhortan a los inconformes a no sumarse a este tipo de acciones y se victimizan realizando un plantón, a unas semanas de dejar el cargo.

A pesar de su gran importancia en el desarrollo regional, las administraciones de los municipios mexiquenses no van en el camino correcto, y eso amerita la evaluación objetiva de la encomienda, aunado a la más estricta aplicación de la ley en el caso de detectarse ilícitos. Por tradición, los liderazgos distan mucho de estar a la altura de las circunstancias, y la extensa serie de irregularidades no sólo deshonran la palabra empeñada a lo largo de una campaña electoral, sino derivan en presuntos hechos delictivos, como por ejemplo afectar el derecho a la subsistencia de las familias dependientes del ingreso de los trabajadores.

Frente a lo complejo de un gobierno de múltiples dimensiones, es frecuente constatar la incapacidad de gestión, las formas obsoletas de ejercer el poder, el protagonismo ramplón y, sobre todo, el abuso sistemático del erario y la ausencia de una ética pública personal y grupal. En tales condiciones, imposible esperar una política municipal de calidad, consciente y solidaria, encaminada a erradicar el atraso e impulsar el progreso y la tranquilidad de las comunidades.

Por desgracia, la otrora bella Toluca ilustra un presente lleno de frustraciones, al haberse arraigado lo caótico y no poderse resolver los varios problemas estructurales, cuya frecuencia y gravedad aumentan diariamente. Si bien en las votaciones la ciudadanía expresa su rechazo al edil en turno, en las dos últimas evitando reelecciones a todas luces absurdas, el reto permanece en cuanto a corregir el sinnúmero de pendientes, reflejados, entre otros temas, en inseguridad desbordada, endeudamiento excesivo, servicios básicos de pésima calidad, crecimiento poblacional anárquico, falta de infraestructura útil, destrucción del medio ambiente y desorden vial cotidiano, derivado de la ausencia de autoridad y del comportamiento de tanto salvaje al volante.

En consecuencia, es momento de revertir la degradación, de exigir un gobierno dispuesto a cumplir cabalmente con sus obligaciones, empezando por llevar a cabo una lucha firme y decidida en contra de los actos indebidos del pasado. La transparencia y rendición de cuentas no puede quedar en el discurso, y mucho menos dejar las cosas en borrón y cuenta nueva, mientras los autores del desastre disfrutan impunemente de beneficios mal ganados.

Asimismo, es indispensable un cambio radical en la cultura ciudadana, encauzado a ejercer los derechos de manera comprometida y responsable, en favor de la paz y el mejor desarrollo de las generaciones actuales y futuras.