En días pasados la Legislatura local publicó la convocatoria para el cambio de titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). Debido a su importancia, agrupaciones de activistas se han pronunciado al respecto, motivando que el presidente de la Junta de Coordinación Política se comprometiera públicamente a realizar un proceso democrático, abierto, transparente y sin dedicatoria alguna.
Sin embargo, en declaraciones hechas a este diario, el presidente de la Asociación de Abogados de Toluca ve en el tema de los derechos humanos muchas cuentas pendientes, por lo cual se requiere, dijo, de una persona capaz de dignificar el puesto, que en los últimos años se ha tomado como botín político y económico. En consecuencia, los profesionales del gremio agrupados en barras, colegios y asociaciones van a poner su empeño en el perfil de honestidad de los aspirantes, y serán los primeros en levantar la voz ante cualquier imposición.
En el mismo sentido, Antonio Lara Duque, conocedor de la materia y quien es respaldado por organizaciones civiles para ocupar el puesto, se refirió a la necesidad de darle a la Codhem un cambio sustancial, de mayor presencia ciudadana y con un nivel significativo de autonomía. En varios aspectos el defensor descalificó a la dirigencia actual, por ejemplo, al hablar de su falta de experiencia y lo cuestionado de sus antecedentes, de ser poco activa, de registrar distintas omisiones y pretender abordar los asuntos siempre desde el escritorio y fuera de la realidad cotidiana.
Aparte de juicios y aversiones, la diputación mexiquense está obligada a actuar con responsabilidad, si en verdad se trata de seleccionar al perfil idóneo, capaz de marcar diferencias y garantizar no sólo la constancia y calidad de los resultados deseados, sino también el uso correcto de los presupuestos asignados.
Bajo el principio de que los derechos humanos requieren ser protegidos por instituciones honorables e independientes, este tipo de comisiones se crearon con la finalidad de constituirse en vigilantes del comportamiento de los funcionarios públicos, y como referente moral encargado de emitir recomendaciones, encauzadas a combatir los abusos de autoridad, particularmente la tortura y los tratos crueles o degradantes. Si esto no se cumple, el mandato de amparar a las personas de las arbitrariedades del poder se convierte en una falacia, y los propios principios de justicia y democracia ven afectada su consolidación.
En el presente tema la cantidad de situaciones indeseables demanda contar con liderazgos imparciales y valerosos, dispuestos a ejercer sus atribuciones legales y sin el temor de colocarse del lado de las víctimas, sobre todo las de esa larga lista donde las consecuencias mortales se deben, por mencionar casos específicos, a la falta de medicamentos a los niños con cáncer, la forma absurda de enfrentar la pandemia y acaparar las vacunas, los delitos contra las mujeres y la violencia incontenible en la generalidad de las poblaciones indefensas. Resultaría aberrante insistir en la simulación y el engaño, al obedecer consignas y aferrarse a la costumbre de nombrar a gente mediocre, producto vil del tráfico de influencias y el "amiguismo", por cuya causa abundan las estructuras burocráticas onerosas e ineficientes.
Por eso, es prioritario rescatar lo relevante del proyecto inicial y permitir que los valores y el prestigio profesional inspiren el compromiso, auténtico y firme, de salvaguardar los derechos de nuestros semejantes.
