Las demandas de los líderes de la que podría llamarse Coordinadora Nacional de Destructores de la Educación aumentan y se radicalizan, a pesar del buen trato y las concesiones recibidas de parte de la actual administración federal. Junto con el rechazo a la iniciativa oficial de regresar a clases presenciales o virtuales, piden ahora dinero, plazas, cajas de ahorro, bonos, Internet gratis, mejoras en servicios de salud y hasta cancelar investigaciones en contra de algunos de los dirigentes.
Las acciones de presión son diversas, y entre ellas destacan la toma de edificios públicos, de casetas de peaje y el bloqueo de la vía del tren en Michoacán, lo cual, según las empresas afectadas, causa pérdidas estimadas en 50 millones de pesos diarios.
Y mientras estos individuos cuentan con todas las facilidades hasta para impedirle el paso al señor de palacio y gritar frases nada gratas a los oídos presidenciales, miles de niños y jóvenes de los estados donde esta facción tiene presencia quedan en el abandono y se mantienen en el atraso, al negarles el derecho fundamental de recibir educación. Sin duda, la actitud de estos grupos exhibe la peor configuración del abuso, pues en el afán de obtener cada vez mayores ventajas no les importa perjudicar a comunidades enteras, y sobre todo a esos pequeños, prácticamente sentenciados a vivir en la ignorancia por obra y gracia de la perversidad.
Por supuesto, no se trata de pedirles silencio y resignación ante las injusticias de los gobiernos deshonestos e insensibles, pero sí de que recurran a formas inteligentes de protesta, a fin de no seguir atropellando otras libertades ni demeritar aún más la imagen del maestro. Esto porque, en gran media, el fanatismo y la brutalidad le han causado daños considerables, y en muchos lugares ya ni en broma es considerado el apóstol de la enseñanza, el prototipo del intelectual y el abanderado de la cultura, sino como parte de esas hordas inevitables de vulgaridad y salvajismo, de presencia nociva y corresponsables del retroceso y de la postración educativa en amplias regiones del país.
En un estado de derecho estas cosas simplemente no pueden aceptarse. La instrucción de las nuevas generaciones es un bien superior y las autoridades están obligadas a reconocer su trascendencia, hacer a un lado el comportamiento cómplice y desempeñar dignamente el cargo. El juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes no es un ritual intrascendente, y por eso es imperativo diseñar y aplicar soluciones de fondo, encauzadas a eliminar el grave y reiterativo problema, dándole fortaleza y sanidad a una función de vital importancia para el desarrollo de México.
Una nación civilizada se identifica por la calidad de su educación, sus niveles de cultura e intelectualidad, el número de escuelas y bibliotecas funcionando y, desde luego, por sus docentes de excelencia, cuya estructura moral está muy por encima de egoísmos y satisfacciones contrarias a su encomienda. El verdadero maestro es un elemento clave en el proceso de formación y maduración de niños y jóvenes, en la adquisición de habilidades y competencias; es un facilitador del aprendizaje y es quien inspira, motiva y mueve conciencias de progreso y libertad.
Si las autoridades y la propia sociedad pierden de vista o menosprecian estos valores, y si por el contrario permiten el predominio de pandillas con el disfraz del magisterio, la esperanza de incorporarnos al mundo moderno quedará reducida a la de un pueblo decadente, condenado a recibir trato de mascota y depender de las limosnas de los pésimos gobiernos populistas.
