Según las estadísticas recientes, en México el 71% de adultos tiene sobrepeso y obesidad, y hasta un 30% de niños y adolescentes lo padecen. La elevada tasa ubica al país en el segundo lugar con mayor incidencia, después de Estados Unidos.
Al respecto, en un informe presentado el mes pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se menciona que la pérdida económica debido a la epidemia alcanza niveles de alarma, pues representa 5.5% del producto interno bruto (PIB), mientras el promedio en los demás países miembros es de 3.3. Es decir, aunado al costo de la atención de las enfermedades derivadas de este mal, como diabetes e hipertensión, se tienen los llamados indirectos, derivados del ausentismo laboral o la pérdida del trabajo.
Desde hace años el fenómeno se ha convertido en un grave problema de salud pública, y sin duda representa un reto enorme en términos sociales y monetarios. Lo caro de los tratamientos impacta, ya sea la dinámica y el ingreso familiar, o bien las finanzas gubernamentales en montos realmente extraordinarios, del orden de 151 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con la versión del titular del Instituto Nacional de Salud Pública.
Aunque la afectación se presenta por varios factores, la causa principal es el desbalance energético en el cual inciden la mala alimentación y la poca o nula actividad física. En esto último el panorama es bastante desalentador, pues distintos estudios muestran cómo la vida sedentaria se arraiga en la mayoría de las personas, al no interesarse en cumplir con los estándares mínimos de ejercicio recomendados en el ser humano.
Sin duda, la situación demanda emprender acciones efectivas por parte del gobierno, además de un cambio de conducta entre la población, con el fin de adoptar estilos de vida mucho más saludables. Una referencia obligada es la práctica deportiva, cuya forma constante y organizada de llevarla a cabo debiera ser una prioridad en los planes y programas oficiales, debido a los grandes beneficios que aporta en los niveles físico, mental y socio afectivo.
En cualquier comunidad, lo deseable sería encontrar las condiciones básicas para estimular la participación de la gente en la actividad física. Si la ley garantiza el derecho al deporte, la exigencia es asignarle el máximo apoyo y convertirlo en algo indispensable, en respuesta a varias de las enfermedades y costumbres dañinas que hoy presionan e incapacitan a extensos sectores de la sociedad. Por desgracia, en nuestro medio todo queda en el discurso, pues en los hechos predomina el desinterés y la ineptitud de las autoridades. Ejemplo de esto se tiene en espacios como la “Alameda 2000” y el Metropolitano, e incluso en los de la propia UAEM, donde las evidencias corroboran la falta de responsabilidad de sus administraciones.
En un tema de tanta importancia es absurdo seguir manteniendo burocracias inútiles e improductivas, ignorantes y sin la menor conciencia de su función. Mientras no se cuente con funcionarios éticos y debidamente capacitados, seguiremos en el atraso en materia de fomento y gestión deportiva, padeciendo las consecuencias de la demagogia y simulación institucionalizadas.
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