Según la nota publicada en este diario la semana pasada, la Legislatura mexiquense exhortó a los organismos supuestamente encargados de combatir la corrupción iniciar las investigaciones respectivas, en contra de quienes resulten responsables del desfalco financiero al ISSEMyM. Con base en datos de las cuentas públicas de 2006 a 2017, los diputados aseguran que hubo un patrón de saqueo al patrimonio de esta dependencia, endeudamiento y la desaparición de partidas completas de ejercicios anuales, durante los gobiernos de Arturo Montiel, Enrique Peña y Erubiel Ávila, aunque, de acuerdo con otra versión, ya desde el periodo de César Camacho se enfrentaban serios problemas por retención de cuotas no ingresadas al Instituto.
En estas declaraciones se describe una extensa serie de hechos verdaderamente indignantes, como por ejemplo utilizar para otros propósitos el subsidio anual del fondo de pensiones, condonar deudas millonarias sin justificación, pagar por obras no ejecutadas, además de dar pensiones a gente ajena a la dependencia y permitir la afiliación y acceso a los servicios médicos a trabajadores de empresas privadas.
Sin duda este tipo de denuncias muestran lo arraigado que está el fenómeno de la corrupción en el estado de México, donde por lo visto se continúa soslayando la importancia de combatirla de manera frontal y efectiva, quizá ante la consigna de no molestar a la plana mayor. Así, el abuso de los bienes públicos, el nepotismo, el tráfico de influencias y varias otras modalidades de la enfermedad dañan los recursos oficiales, mientras la población sufre las consecuencias de los malos manejos de tanto sinvergüenza.
Desde hace décadas, la cofradía dominante se ha esmerado en centralizar el poder y disponer a su antojo de los presupuestos, con objetivos bastante conocidos, sin importarle los enormes rezagos causados en salud, educación, seguridad y mucho más. Para colmo, todavía debemos soportar sus aspiraciones de ser homenajeados, al dejar su nombre inscrito en escuelas, calles o edificios (y una evidencia está precisamente en la clínica del ISSEMyM ubicada en Paseo Tollocan), en lugar de resignarse a tener su lugar en el basurero de la historia o en el museo nacional de horrores.
Obviamente no existen soluciones fáciles o inmediatas, encaminadas a erradicar la descomposición en cualquier nivel de gobierno, y menos si la voluntad política no va en el sentido de combatirla de manera efectiva, permanente y sistemática, sino en el de garantizar la impunidad y fortalecer las estructuras de complicidad. Por eso, más que lanzar exhortos y recurrir a la mentira de moda, los poderes independientes deben asumir su compromiso de sanear la vida pública, revisar las leyes y aumentar su severidad, pues uno de los crímenes más infames y repulsivos es robarse el dinero del pueblo al amparo del poder.
Asimismo, se requiere crear organismos de control realmente autónomos y con liderazgos dignos, cuyos métodos de fiscalización y rendición de cuentas no reconozcan fueros ni excepciones y actúen siempre con cero tolerancia. Continuar en la apatía ante los saqueos del tipo ISSEMyM es absolutamente ofensivo para los millones de mexiquenses, y eso significa incluso desatender un peligro de inestabilidad social, al apostarle a la destrucción de las instituciones, al desprecio de la legalidad y al triunfo de lo ruin e inmoral.
